BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide seis años de prisión para el financiero catalán Javier De la Rosa por un presunto delito de estafa cometido contra el empresario Lorenzo Rosal, a quien utilizó como avalista en 1995 para conseguir un préstamo de 1,8 millones de euros de 'La Caixa', perjudicando a su familia al no devolver el dinero, ya que se le embargaron 13 fincas a su madre.
La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona juzgará mañana a De la Rosa, que se sentará en el banquillo de los acusados después de que la familia de su entonces amigo Lorenzo Rosal le denunciase por el "descalabro económico" que la presunta estafa supuso para ellos, ya que el empresario utilizó bienes de su madre para garantizar el crédito concedido a De la Rosa y fueron embargados por 'La Caixa'.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, a principios de 1995 De la Rosa se hallaba "ávido de liquidez para resolver sus cuantiosos gastos corrientes", ya que acababa de salir de la cárcel tras pasar cuatro meses en prisión preventiva por el caso Gran Tibidabo y el juez instructor le exigía una fianza de más de 7.800 euros.
De la Rosa, sin embargo, tenía clausurada cualquier línea de crédito ante las entidades bancarias, por lo que "urdió la manera de obtener una sustanciosa cantidad de dinero", concretamente 1,8 millones de euros, "a costa del ajeno patrimonio". Para ello, el financiero encargó a su entonces abogado Juan Piqué Vidal que realizara las gestiones oportunas ante 'La Caixa'.
SE VALIÓ DE LA "SÓLIDA" AMISTAD DE ROSAL.
Para obtener el dinero pretendido, según la Fiscalía, De la Rosa se valió de la "sólida" amistad que por aquel entonces le unía a Lorenzo Rosal y le pidió que le avalara, sabiendo "por anteriores tratos" que utilizaba unos poderes de su madre, "titular de un ingente y sólido patrimonio de cuantía suficiente para garantizar el pretendido crédito".
Para ganarse la confianza de Rosal, el acusado le ofreció como contra garantía del aval dos cuentas de deuda pública especial por importe total de 7,3 millones de euros, depositados en la entonces Banca Catalana. Según la Fiscalía, De la Rosa ocultó "mendazmente" a su amigo que esas cuentas estaban afectadas por un requerimiento judicial y éste decidió suscribir el aval, creyendo que eran títulos realizables que le permitirían retirarlo en caso de impago.
Finalmente, el 4 de julio de 1995 se firmó el crédito objeto de juicio y fue concedido a la sociedad interpuesta Circulo Novatio, cuyo administrador, Javier Villalba Catalá, actuó como parte acreditada y entregó el préstamo de 1,8 millones de euros a De la Rosa a través de Piqué Vidal, actualmente en prisión tras haber sido condenado a siete años de cárcel por el llamado 'caso Estevill'.
El crédito se declaró vencido anticipadamente por impago, ya que "nunca estuvo en el ánimo del acusado devolver a la entidad el dinero que recibió a través de la expresada Circulo Novatio". En 1997, 'La Caixa' embargó 13 fincas propiedad de la madre de Rosal, "con el consiguiente descalabro económico para ella y sus hijos", y, por ello, la acusación pública reclama que De la Rosa indemnice a la afectada con 1,8 millones de euros más intereses.
EL FISCAL CRITICA LA ACTUACIÓN DE 'LA CAIXA'.
La Fiscalía señala en su escrito que no ha quedado acreditado que Piqué Vidal y Javier Villalba supieran de los tratos entre De la Rosa y Lorenzo Rosal y pide el sobreseimiento provisional de la causa respecto al resto de imputados, entre ellos el que entonces era director general adjunto ejecutivo de 'La Caixa', Antoni Brufau --ahora presidente de Repsol YPF--, "por no hallarse debidamente acreditada la perpetración de los hechos".
La acusación pública, sin embargo, afirma en su escrito que "no deja de sorprender la celeridad, más bien precipitación, con que se otorgó el crédito, extremo que resulta más que asombroso tratándose de una cantidad de tal monto y sin más garantías, desde luego, que el tan repetido aval", y tiene en cuenta también que el préstamo se otorgó "a una sociedad sin patrimonio ni actividad para la supuesta realización de un proyecto inmobiliario siquiera justificado".
Por ello, para el Ministerio Fiscal "la imputación de todos los intervinientes era obligada, atendido el irregular mecanismo de concesión, impropio de cualquier entidad bancaria", aunque "del conjunto de las averiguaciones realizadas en el curso de la instrucción" no se desprende "que alguno de ellos actuara de común acuerdo con el acusado y cooperase con él con finalidad lucrativa".
JUICIOS PENDIENTES.
De la Rosa tiene todavía pendiente otro juicio en la Audiencia de Barcelona por el caso Gran Tibidabo, que le llevará al banquillo de los acusados a partir del próximo 10 de diciembre junto a otras siete personas por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
En este caso, la Fiscalía pide 13 años y ocho meses de cárcel para el que fuera presidente de Gran Tibidabo y que se le imponga una multa de 3,3 millones de euros por la desaparición de 180 millones de la compañía entre 1991 y 1993, mediante contratos, facturas falsas y otros artificios financieros.
El empresario catalán acumula varias condenas que le han llevado a ingresar en la cárcel, la principal de ellas por el desvío de más de 375 millones de la sociedad kuwaití KIO y de su filial en España, el Grupo Torras, que le supuso cinco años y dos meses de prisión. Últimamente, sin embargo, ha sido absuelto de los delitos societarios y fiscales por los que fue juzgado a raíz del 'caso Telecinco'.
