MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental (AFAO), sociedad gestora de patrimonios, presentó hoy una reclamación por valor de 383,2 millones de dólares (272,7 millones de euros) contra el Estado uruguayo por la expropiación de una concesión para la construcción y gestión de una autopista, según informó hoy en un comunicado Garrigues, representante legal de AFAO.
La firma acusa al Estado uruguayo de expropiar la concesión cuando restaban más de diez años y medio de disfrute y cuando sólo quedaba por concluir un 3% del total de la obra ejecutable en 90 días.
La empresa española argumenta que la concesionaria sufrió un "asedio fiscal y administrativo" por parte del Estado uruguayo y que fue privada del disfrute de su inversión, sin mediar indemnización o compensación económica alguna.
La reclamación se realiza bajo el amparo del acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por España y Uruguay, y vigente desde el 6 de mayo de 1994.
En el marco de dicho acuerdo, Uruguay otorgó en 2005 al 'Consorcio Ruta 1' (CR1), del que AFAO es accionista minoritario a través de la sociedad Bimper, una concesión para construir, conservar y explotar un tramo de carretera de doble vía entre Montevideo y Libertad, incluyendo la construcción de un puente sobre el río Santa Lucía, que unió la capital uruguaya con el departamento de San José.
La única contrapartida para el concesionario era el derecho al cobro de peajes por 17 años y medio. La expropiación de la concesión se materializó en 2005 mediante una resolución ministerial firmada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Por su parte, Garrigues anunció que se encargará de representar a AFAO en este proceso a través de sus abogados Miguel Moscardó y Carlos de los Santos, socios del departamento procesal y de arbitraje de Madrid.
Con la reclamación presentada hoy ante la Presidencia de la República Oriental de Uruguay se inicia un periodo de seis meses para intentar dirimir la controversia de forma amistosa; en caso de no ser así, podría quedar abierto el camino a un procedimiento de arbitraje internacional, según el Convenio Sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI o Convenio de Washington de 1965), al cual ambos países se encuentran adheridos.
