MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha imputado por presunta estafa al presidente de la inmobiliaria Seop, Jacobo Manuel de Montalvo, al vicepresidente, Manuel María de Montalve, y al director general, Javier Ignacio Albadalejo, por comprar productos a la empresa Azulejos Peña por importe de 140.500 euros a pesar de conocer su situación de insolvencia.
El auto, dictado el pasado 13 de febrero, al que tuvo acceso Europa Press, concluye que "cuando se efectuaron esas compras Seop se encontraba en una situación económica que le imposibilitaba hacer frente a los pagos, siendo conocida dicha situación" por los imputados.
La juez da por concluidas las diligencias previas solicitadas por la acusación particular de Azulejos Peña, representada por el bufete González-Grano de Oro, así como las del Ministerio Fiscal, a los que da un plazo de diez días para la presentación de sus respectivos escritos de acusación o sobreseimiento de la causa antes de la apertura de juicio oral, según el auto.
Los tres directivos de Seop ya declararon ante el juzgado dentro de la fase de diligencias previas, y en caso de condena podría dar lugar a la primera calificación de culpablilidad de un concurso de acreedores de una inmobiliaria, lo que abriría la posibilidad a otros proveedores en la misma situación a presentar querellas por presunta estafa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Según el auto, los máximos responsables de la inmobiliaria compraron, a través de Seop, productos a Azulejos Peña por valor de 140.500 euros desde el año 2007 hasta el 29 de febrero de 2009, a pesar de conocer su situación de insolvencia.
Del importe total, Seop dejó de abonar 23.651 euros a Azulejos Peña, convirtiéndose así en acreedor del concurso declarado el 7 de abril de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Madrid.
Los directivos de Seop se enfrentan a una condena por estafa que establece penas de prisión entre uno y seis años, según los artículos 248 y 250 del Código Penal.
La calificación de concurso de acreedores culpable en el ámbito mercantil castiga a los administradores de la sociedad con la pérdida de sus derechos como acreedores del concurso y su inhabilitación para el ejercicio del comercio por un periodo de entre dos y 14 años, según la Ley Concursal de 2003
