MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional celebrará mañana la primera sesión del juicio oral contra el empresario Javier de la Rosa y otros ocho imputados por el presunto desvío de más de 60 millones de euros a través de varias ventas, préstamos y transferencias realizadas por la sociedad gibraltareña Croesus dentro del caso Torras.
La semana pasada la Sección primera de la Sala de lo Penal acogió las cuestiones previas al juicio. Durante la sesión, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Grupo Torras solicitaron 9 y 12 años de cárcel para De la Rosa, respectivamente. El fiscal también solicitó una pena de cuatro años de cárcel y la acusación de ocho para el ex director financiero de Torras Miguel Soler.
Los otros imputados para los que la acusación particular pide entre seis y ocho años de prisión son los antiguos responsables del grupo Torras Manuel Guasch y José María Soto, el director de inversiones de KIO, Richard Robinson, el presidente de Smurfit, Michael Smurfit, el director ejecutivo de KIO, Bruce Amager, y el contable Plinio Coll.
La vista oral comienza un año después de que el Tribunal Supremo rechazase la prescripción de los delitos alegada por De la Rosa al aceptar el recurso interpuesto por la acusación del Grupo Torras, al que se sumó la Fiscalía Anticorrupción. El trámite del recurso interpuesto por el empresario catalán paralizó los procesos contra él por la operación "Croesus" y por las llamadas "ICSA-Impacsa", "Wardbase", "Quail-Acie" y 'Pincino-Oakthorm-Prima Inmobiliaria', ya juzgadas.
La Audiencia Nacional tratará a partir del lunes de determinar las responsabilidades de los acusados por el desvío de 30 millones de dólares (23,8 millones de euros) a través de un préstamo concedido a Croesus por Cresthayes, filial de Salomon Brothers, así como de 2.270 (13,62 millones de euros) supuestamente "distraídos" durante la venta del 35% de Inpacsa, según detalló el informe del fiscal.
A su vez, durante la vista oral se juzgarán los presuntos delitos cometidos para el enriquecimiento ilícito de los acusados mediante la utilización de dos disposiciones de fondos por valor de 27,4 y 1,1 millones de dólares (22,5 millones de euros) transferidos desde el Grupo Torras a una cuenta bancaria domiciliada en Suiza a nombre de la sociedad Bigley Management, cuyo beneficiario último fue supuestamente el empresario Enrique Sarasola.
