MADRID, 26 Mar. (EUROPA RPESS) -
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han intervenido dos cajas de seguridad alquiladas a nombre de las esposas de José María y Pablo Ruiz-Mateos Rivero en una sucursal del Banco Santander de la localidad madrileña de Aravaca, según la orden dictada por la Audiencia Nacional el pasado 22 de marzo.
La apertura y el registro de las cajas de seguridad tuvo lugar el pasado viernes en la oficina bancaria de la entidad cántabra con la presencia del secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y el director de la sucursal, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Las cajas de seguridad estaban alquiladas por las esposas de José María y Pablo Ruiz-Mateos, Cristina Figueroa y Maravillas de Jesús Castillo, respectivamente, y fueron localizadas por la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de la Policía Judicial, que pidió al juez el bloqueo y la apertura "inmediata".
Los investigadores localizaron las cajas de seguridad al percatarse de que ambas eran administradoras únicas de varias sociedades relacionadas con Nueva Rumasa. En concreto, Figueroa es administradora de las sociedades españolas Caserna Peninsular S.L. y Dirhan & Doblon S.L.
Por su parte, Castillo es administradora única de la sociedad radicada en Belice Wario Overseas INC. y de la mercantil española Galardona S.L. Los agentes de la UDEF realizarán ahora un informe con el material incautado de las cajas de seguridad, cuyo contenido no ha transcendido.
El juez Pablo Ruz, que investiga a la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores en pagarés de Nueva Rumasa, consideró "necesaria y proporcionada" la medida de intervenir las cajas con la finalidad poder cubrir la responsabilidad pecunaria de 30 millones de euros, que de forma provisional tienen fijada los querellados.
La Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de la medida que se llevo a cabo ante la "sospecha de que pudieran utilizar las referidas cajas de seguridad con la finalidad de ocultar fondos" procedentes de los inversores en pagarés, según informa el juez en el auto de orden de bloqueo.
En la causa abierta por la Audiencia Nacional están imputados el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruzi-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, sus seis hijos varones, el matrimonio formado por Rocío Ruiz-Mateos Rivero y Luis Ojeda, así como los familiares de los propietarios de Nueva Rumasa, Zoilo Pazos y Alfonso Barón Rivero, entre otros.
El juez les imputa presuntos delitos contra los consumidores, estafa, insolvencia punible y administración desleal. El juez concluyó que de los documentos aportados por la propia familia Ruiz-Mateos se desprende que los pagarés fueron emitidos por 13 mercantiles del grupo, obteniendo así una inversión de 337,3 euros, realizada por 4.110 inversores.
