MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó el 'caso Urbanor', se encargará también de juzgar a Alberto Cortina y Alberto Alcocer y a sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, por el caso de la presunta carta falsa utilizada para incriminar a sus socios en el 'caso Urbanor' y evitar su condena ante el Constitucional, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El señalamiento de la vista oral no se producirá hasta pasado el mes de abril de 2009, y el tribunal estará compuesto por dos magistradas de los tres que juzgaron el 'caso Urbanor' y que dictaron la sentencia 144/10 de 29 de diciembre de 2001 por la que absolvieron por prescripción a 'Los Albertos' por la venta de los terrenos de Urbanor a KIO, según las mismas fuentes.
El 'caso Urbanor' fue juzgado por las magistradas María Luisa Aparicio Carril y Ana María Ferrer García junto con el entonces juez y actual portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso.
La actual Sección Séptima está presidida por Aparicio y lo completan Ferrer y las magistradas Ana Mercedes del Molino Romera y Ángela Acevedo Frías.
El titular de Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, dictó el pasado 16 de mayo auto de apertura de juicio oral contra los empresarios, sus abogados y otras tres personas por presuntos delitos de falsedad documental, denuncia falsa y estafa procesal en grado de tentativa.
La Audiencia Provincial juzgará la procedencia de la carta aportada por 'Los Albertos' al 'caso Urbanor' para solicitar ante el Constitucional la revisión de la condena de tres años y cuatro meses de prisión impuesta por el Supremo. Esta condena fue revocada el pasado mes de febrero por el Constitucional y adoptada por el Supremo.
La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por el arquitecto Pedro Sentieri y dirigida al empresario Julio San Martín, ambos acusaciones particulares en la causa. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal, que iba a juzgar el 'caso Urbanor' un mes después, que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos donde se sitúan las Torres Kio.
