La Audiencia Nacional mantiene imputadas a 11 personas, dos de los cuales ingresaron en prisión el pasado viernes
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El entramado de una veintena de sociedades españolas acusadas por la Audiencia Nacional de un presunto fraude de 50 millones en la compra-venta de derechos de emisión de CO2 movió más de 350 millones de euros de mayo a octubre de 2009, según informaron hoy la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en un comunicado.
Esto demuestra el "ritmo vertiginoso" que tenían estas operaciones en las que todos los intervinientes ganaban dinero, el mismo que de forma simultánea perdía la Hacienda Pública. El fraude se cometía mediante la evasión del devengo que se genera como consecuencia de la liquidación del IVA que genera el comercio de bonos de emisión de gases de efecto invernadero.
Así, la red estaba formada por unas 40 personas que establecieron una cadena internacional de sociedades que abrían cuentas de negociación de derechos de CO2 en diversos registros, principalmente en el de Dinamarca.
A continuación, la organización adquiría una partida y a través de las plataformas en el mercado realizaba en el mismo día la venta y la recompra de los derechos. Cada vez que los derechos eran comprados por la primera sociedad española, denominada en argot "trucha" ésta bajaba el precio y añadía una cuota de IVA que nunca ingresaba.
De esta forma los derechos de CO2 volvían a tener un precio muy competitivo (por debajo del precio de mercado) y podían fácilmente volver a colocarse a grandes operadores españoles del sector y luego a sociedades en otros Estados.
En numerosas ocasiones la re-exportación se producía a través del mercado francés, conocido como Bluenext, y de operadores del mercado inglés como Ice Clear.
La AEAT inició las averiguaciones después de que las autoridades fiscales de Francia, Reino Unido y Holanda advirtieran de la posibilidad de que los mercados internacionales de derechos de emisión de CO2, conocidos como "carbon allowances", hubieran sido objeto de un importante ataque por parte de grupos de delincuencia organizada.
Una vez verificada la situación en España se comprobó que la
situación era igualmente preocupante, y las
averiguaciones culminaron con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que finalmente se presentó en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.
ONCE IMPUTADOS.
El pasado martes 23 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lanzó una operación contra la red fraudulenta que se saldó con 11 imputados, seis de ellos con puesta en libertad inmediata tras declarar ante la Policía Nacional.
Los otros cinco pasaron el pasado viernes a disposición judicial. Tras prestar declaración, Moreno ordenó el ingreso en prisión de dos de ellos y los otros tres quedaron en libertad, dos, con la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días y el tercero tendrá que presentarse ante la sede judicial más cercana de forma diaria.
La operación se completó con 14 entradas y registros en los domicilios de diversas sociedades y particulares situados en Madrid, Las Rozas, Marbella y Valladolid. El juez mantiene el secreto de sumario.
CAMBIO DE LEGISLACIÓN PARA EVITAR FRAUDES.
Distintos países de la Unión Europea (UE) han venido sufriendo el ataque de estas organizaciones y se han visto obligados a modificar su legislación reguladora del IVA para evitarlo. Así, el 29 de octubre de 2009, España modificó la Ley del IVA en lo relativo a las transacciones de CO2 para aplicar el mecanismo conocido como Inversión del Sujeto Pasivo.
Una vez aplicada esa regla, no sólo desapareció el fraude al IVA en este sector en España, sino que, además, las transacciones en el mercado español de CO2 disminuyeron de forma drástica. El fraude continúa en los países de la UE que aún no han modificado sus
legislaciones.
El comercio de este tipo de productos esta regulado por el Protocolo de Kioto y la diferente normativa europea y nacional derivada del mismo.
En España este comercio se inicia cuando el Ministerio de Medio Ambiente adjudica a las empresas generadoras de estos gases determinadas cuotas de emisión en forma de bonos de emisión. Las empresas que por una bajada de su actividad o mejora de tecnología tienen excedentes de cuota, ponen en el mercado el excedente de bonos para que éstos sean adquiridos por empresas deficitarias en cuota asignada.
La AEAT continúa las averiguaciones ante la posibilidad de que estas mismas organizaciones hubieran decidido penetrar en los mercados españoles de gas, electricidad u otras "commodities".
