MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales afirmó hoy que "nunca existió un plan social de Trabajo ni mucho menos acuerdo alguno" con los trabajadores de Sintel afectados por la venta y posterior quiebra de la filial de Telefónica en 2001, según informó el Ministerio en un comunicado.
Trabajo contestó así al portavoz de los trabajadores, Adolfo Jiménez, después de anunciar que el Gobierno "ha rechazado" el acuerdo de cumplimiento del Plan Social alcanzado con el secretario general de Empleo, Antonio Moreno, el pasado 13 de noviembre, tras siete meses de negociaciones con distintos representantes del ministerio.
Ambos mantuvieron esta mañana una reunión en Trabajo con la finalidad, según mantiene en departamento que dirige Jesús Caldera, de "conocer la actitud de los representantes de la asociación de las medidas ofrecidas".
Las medidas propuestas por el Ministerio son, por una parte, ayudar a los desempleados "poniendo a su disposición todas las medidas que tiene en vigor, incluidas algunas medidas o compensaciones de carácter social cuando sea necesario" y la realización de "gestiones ante la comisión liquidadora de la quiebra de Sintel con el fin de que se agilicen los pagos de una parte de las indemnizaciones que los trabajadores tienen pendientes".
Trabajo afirmó que ha estudiado la situación de los 1.700 trabajadores afectados. Entre ellos, existen 1.014 que no fueron prejubilados por el ERE aprobado en 2001, de éstos, 982 (el 88,9%) están trabajando por cuenta ajena (878) o por cuenta propia (104), 19 (otro 1,7%) percibe pensiones de invalidez y los 104 restantes (el 9,4%) están en desempleo y la mayoría "perciben las correspondientes prestaciones", sostiene el Ministerio.
De acuerdo con estos datos, Trabajo concluye que la quiebra de la empresa y la autorización del ERE "se produjo en 2001, coincidiendo con la etapa del PP" y que sin embargo, el actual Gobierno " es sensible a los problemas del los trabajadores".
Asimismo, afirma que "no es posible jurídicamente hacer ningún ERE para personas que están trabajando con normalidad" y "menos aún garantizarles que libremente se acojan a discreción a una situación de prejubilación en la que se les asegure el 80% de las condiciones salariales que tenían en su antigua empresa, actualizadas con los IPC desde la fecha de cierre de la misma", tal y como piden los trabajadores.
