MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones independientes de afectados de Fórum Filatélico, integradas en la Coordinadora Española de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa (Ceaffa), cuestionaron hoy la actuación del titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senet, en la tramitación de la liquidación de la compañía y le piden que realice un peritaje de los sellos, según informó la Ceaffa en un comunicado.
"No consideramos razonable que quien está por ley obligado a defender los intereses de los acreedores en el procedimiento concursal no exija una peritación", afirmaron los afectados.
La Ceaffa pide al juez que explique el criterio "profesional y objetivo" en el que se basó para aceptar una valoración de los 123 millones de sellos cinco veces menor que la aportada por el perito contratado por los antiguos administradores de Fórum.
Asimismo, los afectados recordaron a Senet que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tramita el proceso penal, ha nombrado un perito filatélico, cuyo informe fue "rechazado sin justificación alguna".
La asociaciones de afectados por Fórum contestaron así a la sentencia del pasado 28 de enero que resolvió la demanda de incidente concursal presentado por los antiguos gestores de Fórum. El juez, que rechazó todas las peticiones de los demandantes, cifró en 283 millones de euros el valor de los 123 millones de sellos de la filatélica, casi cinco veces inferior a los 1.380 millones de la valoración dada por los antiguos administradores.
La Ceaffa consideró que todas las decisiones del juez del concurso "han ido en contra de los acreedores", y recordó que "los juzgados de lo mercantil se crearon con el objetivo de salvaguardar los intereses de los acreedores en la liquidación de las empresas".
Según explicaron las asociaciones, Senet excluyó del concurso a los representantes de los afectados al "aceptar la presencia de Hacienda en la administración concursal, contra la que Fórum no tenía ninguna deuda". Los perjudicados recordaron que el juez permitió el traslado de los sellos desde las cámaras de la empresa a un pabellón industrial "con el pretexto de alquilar las sedes", que siguen sin ser ocupadas 20 meses después de la intervención judicial del 9 de mayo de 2006.
