MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El bufete de abogados González-Grano de Oro, en representación de varios afectados por la presunta estafa de Afinsa, presentó ayer ante la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita la responsabilidad civil subsidiaria del despacho Cuatrecasas y de la firma de servicios KPMG, por su presunta "cooperación necesaria" en la comisión de delitos al realizar "actos relevantes para su encubrimiento", según detalla el escrito, al que tuvo acceso Europa Press.
Los afectados piden al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que incorpore al proceso a Cuatrecasas como responsable civil de los presuntos delitos cometidos por su ex socio, consejero externo de Afinsa e imputado, Tomás Olalde. Asimismo, solicitan que el despacho remita al juzgado las facturas que documenten los conceptos por los que se hicieron los cobros, sus fechas y las cantidades percibidas por su asesoramiento a Afinsa.
En cuanto a KPMG, solicitan la declaración como imputado del empleado de la firma David Trujillo Ferreras, así como la declaración de dos clientes afectados por Afinsa, en calidad de testigos. El escrito, al que está previsto que se adhieran la mayoría de las acusaciones particulares, está apoyado en las pruebas documentales recogidas en el informe de la administración concursal y, sobre todo, en los registros practicados en las sedes de la compañía y en las declaraciones ante el juez de los directivos imputados.
En la causa están incorporados al menos cuatro documentos elaborados por Cuatrecasas entre 2002 y 2004 en los advierten a los responsables de la filatélica de la situación de insolvencia de la compañía, la falsedad de una contabilidad creada para ajustar las cuentas a la tesorería, la utilización fraudulenta de términos financieros, así como "verdaderos consejos" a Afinsa de cómo debe actuar para evitar la supervisión del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros, detalla el escrito.
La imputación a KPMG está basada en dos informes elaborados en octubre y en diciembre de 2004 en los que se constata que los contratos de Afinsa no cumplen con la legislación aplicable, califican de "insuficiente, inadecuada y de inducir a confusión" la información proporcionada a los clientes y advierte de la "probabilidad remota" de inspecciones en materia de protección al consumidor.
Por todo ello, González-Grano de Oro considera todos estos escritos como "pruebas inculpatorias" del encubrimiento de un "crimen económico" basado en una estructura de estafa piramidal que tenía su esquema operativo fundado en la falsificación de la contabilidad, la simulación de los contratos y en unas ventas ficticias de filatelia.
Por el momento, el único imputado por estos presuntos delitos es el consejero externo de Afinsa desde 2003 y ex socio de Cuatrecasas, Tomás Olalde. Éste declaró ante el juez que desconocía el negocio y la forma de actuar de Afinsa pero admitió que cobraba entre 35.000 y 40.000 euros anuales por pertenecer al consejo de administración de la filatélica. El bufete respaldó la labor profesional de Olalde.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha podido constatar que el despacho facturó a Afinsa en un año un millón de euros por varios informes sobre sellos, contabilidad o contratos filatélicos.
El despacho González-Grano de Oro, dirigido por el abogado Ildefonso González-Grano de Oro, ha estado involucrado en numerosos casos de delitos económicos. Entre ellos destaca la solicitud y posterior quiebra de IGS PSV y de Inversora Santander perteneciente al grupo Intra. Asimismo, planteó la querella contra los administradores de Huarte cuya condena fue ratificada por el Supremo, la planteada contra Industrias Cárnicas Cabo y, actualmente, es el primer querellante contra la empresa Arte y Naturaleza que tramita la Audiencia Nacional.
