MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional celebrará mañana, a las 11.00 horas, la lectura pública de la sentencia por el escándalo financiero de Gescartera, descubierto en 2001 y que afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que el Ministerio Fiscal cifró en 50,22 millones de euros.
La presidenta del tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carmen Paloma González, leerá el dictamen en las instalaciones de la Casa de Campo de Madrid donde se desarrolló la vista oral ante los 14 acusados y el resto de las partes. El tribunal se completa con los magistrados Juan Francisco Martel y Ángeles Barreiro.
El propietario de Gescartera y principal acusado, Antonio Camacho, se enfrenta a una posible condena de 11 años de prisión por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento público y mercantil, así como a una multa de 263.000 euros, según lo solicitado por el fiscal Vicente González Mota. Algunas acusaciones particulares piden para él 20 años de cárcel.
En la misma situación se encuentra el 'número dos' de Gescartera y ex funcionario de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), José María Ruiz de la Serna.
Sin embargo, el imputado que podría recibir la mayor condena es Aníbal Sardón, responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), principal comercial de Gescartera. La Fiscalía considera probada la falsedad continuada por los numerosos contratos que firmó con los clientes y pide para él 11 años de cárcel y 5 meses, y una multa de 285.000 euros por delitos de apropiación indebida y falsedad.
En el segundo nivel de acusados se encuentran la presidenta de la agencia de valores, Pilar Giménez Reyna, el consejero Francisco Javier Sierra de la Flor y el informático Miguel Ángel Vicente González, para los que se piden ocho años de prisión y una multa de 176.000 euros por delitos de apropiación indebida.
También están acusados la administradora única de AGP, Inmaculada Baltar y los asesores fiscales Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil para los que la Fiscalía pide seis años de cárcel y 73.000 euros de multa por apropiación indebida.
Por último, se piden tres años de prisión y multa de 73.000 euros por su complicidad en la trama para el empresario y testaferro Carlos Pascual Ortín y los empleados de la sucursal de 'La Caixa' de Majadahonda (Madrid) José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats.
El fiscal retiró su acusación contra la mujer de Camacho, Laura García Morey, y contra la contable de Gescartera, Ángeles Leis. La mayoría de las acusaciones particulares mantuvieron la acusación contra ellas.
RESPONSABILIDADES CIVILES.
Anticorrupción considera responsables civiles subsidiarios del dinero defraudado a Caja Madrid Bolsa y 'La Caixa', sobre los que podría recaer el pago de indemnizaciones. El escrito de acusación del fiscal no fijó cifra alguna para Caja Madrid Bolsa, que previsiblemente tendrá que responder por la cantidad de dinero de los clientes que pasó por las cuentas de la entidad.
A 'La Caixa' se le imputa una responsabilidad civil directa de 26,37 millones de euros por la actuación del director y subdirector de la sucursal de Majadahonda, donde Gescartera tenía depositada una cuenta 'omnibus' con los fondos de los clientes de los que se fueron apropiando poco a poco.
Las reclamaciones de los inversores ante el juzgado alcanzaron los 94 millones al incluir las revalorizaciones prometidas por Gescartera. Hasta el momento, los afectados han recibido 26 millones de euros de indemnización del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) (con un tope legal de 20.000 euros por caso) pero en ningún momento se ha recuperado nada de lo estafado.
El macro juicio quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre, tras tres meses de vista oral y 39 sesiones. En la vista oral estuvieron personadas cerca de cuarenta acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, los responsables civiles subsidiarios, los partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que sumaron un total de 100 partes personadas.
Entre las acusaciones particulares estuvieron personadas la Fundación Once, poseedora del 10% del capital social de Gescartera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Español de Misiones Extranjeras o las Hermanas Dominicas.
El sumario ocupó 50.000 folios y la investigación la dirigió la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, quien ordenó la apertura de juicio oral en mayo de 2005.
El 'caso Gescartera' saltó en junio de 2001 cuando la CNMV intervino la agencia de valores, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El dinero defraudado continúa en paradero desconocido, las acusaciones mantienen que los millones nunca salieron de España y que los responsables de Gescartera se lo gastaron en mantener su elevado nivel de vida.
La repercusión del escándalo alcanzó al entonces Secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, ambos dimitieron.
