La Audiencia Nacional estima en casi 7 millones de euros "la cantidad retirada del conjunto de cuentas del grupo Gescartera"
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sentencia sobre el escándalo financiero de Gescartera hecha pública hoy por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, señala al propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho --máximo condenado con 11 años de cárcel--, como "el urdidor de la trama y "el núcleo de ideación de la actividad de desapoderamiento y desvío de fondos" por la que se vieron afectados cerca de 4.000 personas.
La sentencia culpa a "las personas que trabajaban en labores de dirección de Gescartera Dinero S.A. y A.G.P, así como a otras" de "colaborar en el desarrollo y mantenimiento de una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes".
En concreto, la Audiencia Nacional considera que tanto Camacho como su "número dos", José María Ruiz de la Serna, y el subdirector general, Francisco Javier Sierra de la Flor, "de modo coordinado realizaron determinadas actuaciones encaminadas a adueñarse de parte de los fondos confiados, a desviarlos de la esfera patrimonial de sus titulares y a desatender los requerimientos de la CNMV en las visitas de inspección que practicaban".
En lo que se refiere a la responsabilidad concreta de Camacho, condenado a 11 años de cárcel --ocho años por un delito de apropiación indebida y tres años por un delito de falsedad de documento mercantil--, la Audiencia Nacional considera que "sus decisiones impulsaron la actividad de las empresas de las que es partícipe o accionista mayoritario, y de las empresas que de hecho maneja".
En conclusión, la sentencia recoge que "la cantidad retirada del conjunto de cuentas del grupo Gescartera por Antonio Camacho, excluyendo el cobro de nóminas asciende a 6,9 euros".
GIMÉNEZ REYNA "TENÍA CONOCIMIENTO DETALLADO".
En el caso de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna Rodríguez, la sentencia indica que "no le era ajena la irregular actividad de la empresa en perjuicio de los clientes" y que tenía "conocimiento cierto y detallado que, en modo alguno, significó que emprendiera actuaciones en evitación de la prosecución de las anómalas y dañinas actividades".
Además, la Audiencia Nacional estima que Giménez Reyna "lejos de intervenir para desbloquear la situación y colaborar en el correcto conocimiento de la situación financiera, permaneció impasible ante la situación patrimonial desastrosa a la que la acusada contribuyó con su tarea de captación de nuevos clientes y mantenimiento de los antiguos, cuando ya sabía de la existencia de desequilibrios patrimoniales derivados de detracciones indebidas".
En cuanto al 'número dos' de Camacho, condenado a diez años y medio, la sentencia recuerda que fue contratado por Camacho para, entre otras labores, "aprovechar su experiencia laboral anterior en el organismo regulador, sirviendo de interlocutor ante la CNMV en las visitas de supervisión e inspección programadas".
Dentro de esa labor de dirección, Ruiz de la Serna "confeccionó y aportó junto con Camacho documentación irregular y falaz", firmó "muchos de los contratos de gestión de carteras y muchos de los cheques por medio de los cuales se extraía el dinero invertido por los clientes" y cobró nóminas "por un total de 169.000 euros y libró cheques al portador por importe de 2,7 millones de euros".
A otro de los condenados, el apoderado de Gescartera, Francisco Javier Sierra de la Flor, al que la Audiencia Nacional impuso hoy seis años y medio de cárcel, le atribuyen la coordinación de "la actuación de las sucursales de Gescartera Dinero S.A. y sociedades afines", aunque, admite que este condenado "no controlaba de modo directo la actividad empresarial".
"Como consejero asiste indiferente al devenir de la empresa y, como apoderado, firma el contrato de subcustodia de valores con Caja Madrid Bolsa S.V.B. de fecha 10 de noviembre de 1999 y atiende los requerimientos y cuestiones que surgen en ausencia del dueño y del Director General de la empresa", matiza sobre él la sentencia.
CASI 8 MILLONES EN CHEQUES AL PORTADOR.
Además, la Audiencia Nacional detalla cómo Sierra de la Flor también "cobró nóminas por un importe total de 90.013 euros y libró cheques al portador con cargo a las cuentas corrientes del Grupo Gescartera por el importe total de 7,9 millones de euros).
Por su parte, el principal comercial de la agencia de la valores Aníbal Sardón, condenado a nueve años, "dirigía el devenir de las inversiones de los clientes que captaba". "Especialmente respecto a los clientes de renta fija, era él, en connivencia con Antonio Camacho, quien determinaba los plazos y los tipos de interés a aplicar", dice la sentencia.
Asimismo, la Audiencia Nacional le condena por entregar documentos irregularmente confeccionados en los que hacía figurar el nombre del subdirector de la oficina de 'La Caixa' de Majadahonda (Madrid), José Alfonso Castro Mayoral, con el objeto de retener los capitales de determinados inversionistas.
Así, entregó varios de estos certificados a los representantes de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (MUPOL) y la Armada, según los cuales, dichos clientes mantenían depositados en aquella entidad un estructurado por importe de hasta 9 millones de euros.
Precisamente, Castro Mayoral, condenado a tres años, colaboró, según la sentencia, en "una estrategia dirigida a crear la ficción sobre existencia real de efectivo en las cuentas de Gescartera, ante la actuación inspectora y supervisora de la CNMV".
Por otra parte, la participación en la trama del asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, condenado a seis años por un delito de apropiación indebida, consistió en prestarse "a través de su empresa Hari 2000 S.L. a servir de cobertura a Camacho y Ruiz de la Serna, cuando éstos idean el establecimiento de una SICAV en Luxemburgo, después de haber fracasado otra en Londres, como medio de ocultar la existencia del desvío de fondos de los clientes de Gescartera".
Finalmente, Julio Rodríguez Gil --quien además entregó a Camacho tres cheques nominativos a favor de Gescartera Dinero S.G.C. S.A. librados contra su cuenta en Caixa Cataluña-- recibió a través de sus empresas Hari 2000 S.L. y Sein S.L. 316.407,63 euros del mismo grupo Gescartera.
Por último, al director de la sucursal de 'La Caixa', Miguel Carlos Prats Oria, condenado a tres años de cárcel, se le atribuye la responsabilidad en la elaboración de un certificado, "que trasvasaba cualquier ámbito de sus competencias" a través del cual, pretendía -y consiguió- que, previa su presentación por Camacho y Ruiz de la Serna, los inspectores de la CNMV recibieran información, totalmente errónea, con los que se justificaba el desfase patrimonial que se investigaba".
