MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos ha aprovechado la queja del presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, sobre la repercusión de la subida del salario mínimo (SMI) en el aumento del paro y ha preguntado al Gobierno si realmente ha tenido en cuenta todos los efectos de aplicar esa medida, especialmente en comunidades como la extremeña.
Fernández Vara ha pedido una reunión urgente con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, para analizar el impacto y las consecuencias de la subida del salario mínimo en los datos de empleo en el sector agrario en regiones como la suya, a la vista de los "rematadamente malos" dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) en su comunidad.
En una iniciativa registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, la diputada de Ciudadanos (Cs) Sara Giménez se hace eco de este malestar y abunda en los posibles efectos que las subidas del SMI han podido provocar en el sector agrario, ante la "brusca caída de empleo" en el campo.
¿HABRÁ COMPENSACIONES?
En este sentido, pregunta si la ministra ha aceptado ya esta reunión con Fernández Vara, si tiene previsto reunirse con delegados de otros gobiernos autonómicos o si contempla "compensar la destrucción de empleo formal en el sector agrario de Extremadura en particular y de toda España en general".
La parlamentaria de Ciudadanos quiere conocer si existió algún tipo de estudio antes de acordar con patronal y sindicatos la última subida, y si tiene previsto acometer nuevas subidas. Asimismo, pregunta "hasta qué cuantía aspira el Gobierno a subir el SMI en los próximos años por encima de aquella que comportaría su mera actualización en consonancia con el nivel de vida", antes de sugerir que una nueva revalorización "debe valorarse con especial prudencia, con el fin de no perjudicar la creación y mantenimiento del empleo".
Para aclarar las consecuencias, el partido naranja ha registrado también una proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno un estudio "que analice el impacto que puedan haber tenido las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años sobre el empleo y la competitividad de la economía".
LAS CONSECUENCIAS, POR SECTORES
En dicha investigación quieren que se recoja "el impacto diferenciado por sectores de actividad y por comunidades autónomas, así como el impacto que dichas subidas hubieran podido tener en particular sobre los grupos de población con especiales dificultades de acceso al empleo".
En la iniciativa, registrada por la diputada Sara Giménez, Ciudadanos destaca que la última subida, del 5,5% hasta los 950 euros, si bien es menor a la aprobada en 2019 (llegó a los 900 euros tras subirse un 22,5%), "se ha producido sin tan siquiera considerar el posible impacto negativo en el empleo que hubiera podido producirse por el incremento del SMI del año anterior".
Giménez argumenta que la subida "supone en todo caso un notable incremento de los costes laborales de los trabajadores que cobran el salario mínimo, que suelen ser, precisamente, además, aquellos pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de accesos al empleo", y cita entre ellos "personas desempleadas de larga duración, mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad o personas que se encuentran en riesgo de exclusión social".
Ante los "elevados índices de desempleo" que, sostiene, padecen estos "grupos de población", las últimas subidas del salario mínimo "no comportan ningún efecto en el bienestar de estas personas, mientras que en otros casos sí que puede generar una barrera para su acceso al empleo".
