MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha instado al Gobierno a reforzar el régimen sancionador contra el blanqueo de capitales, tal y como recoge la nueva directiva comunitaria aprobada en 2015 y ha recordado la amenaza de una posible multa ya advertida por la propia Comisión Europea al Ejecutivo español.
Con este fin, el diputado Josep Vendrell, de En Comú, ha registrado este miércoles una proposición no de ley en la que apremia al Gobierno a trasponer "en su totalidad" la directiva comunitaria relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La iniciativa, registrada para su debate y votación en el Pleno del Congreso, llama también --además del refuerzo de las sanciones-- a identificar toda persona física que ejerza el control mediante la propiedad u otros medios una persona jurídica. En este sentido, Vendrell incide en que "el Gobierno debe asegurar que se abarque la gama más amplia posible de personas jurídicas constituidas o creadas por cualquier otro mecanismo en el Estado".
LÍMITES IGUALES O MENORES SOBRE DINERO EN EFECTIVO
Por otro lado, también subraya que en la trasposición debe asegurarse que toda entidad constituida en España debe conservar, además de información básica como el nombre y la dirección de la sociedad y la prueba de su constitución y propiedad jurídica, "información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real".
Asimismo, el diputado catalán reclama el establecimiento de umbrales para utilizar efectivo bajo los cuales las personas que recurran a tal cantidad estén sujetos a la directiva, y que estos límites sean "iguales o incluso menores" a los que refleja la nueva norma comunitaria. Por último, Vendrell pide aplicar mantener el marco jurídico respecto a terceros países y aplicar las medidas de diligencia debida respecto al cliente indicadas en la directiva.
"INACEPTABLE", TENIENDO EN CUENTA LA ECONOMÍA SUMERGIDA
En su exposición de motivos, Vendrell recuerda que la Comisión Europea remitió una carta de notificación oficial en la que advertía de que, en caso de no estar traspuesta la directiva durante la próxima primavera, España se enfrentará a un procedimiento de dictamen motivado, segunda fase de infracción.
Asimismo, critica que la fecha límite para llevar al ordenamiento jurídico nacional las nuevas normas vencía el pasado 26 de junio, dos años después de aprobarse la directiva, y considera "inaceptable que un país con un problema grave de economía sumergida y que ha sido azotado brutalmente por el terrorismo como España no haya transpuesto" la norma.
