MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha avalado este martes la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para este año y el siguiente por la situación de crisis provocada por la pandemia de Covid-19, pero lo ha hecho sin PP ni Vox, que se han abstenido.
Para superar la votación, el Gobierno requería llegar a la mayoría absoluta (176 diputados) lo que ha conseguido al recabar los votos de Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts, el PNV, y EH-Bildu, además de los del PSOE y Unidas Podemos. También han apoyado esta decisión Unión del Pueblo Navarro, la CUP, Más País-Equo, Compromís, el BNG, Nueva Canarias, Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Solo Foro Asturias, socio electoral del PP, ha votado en contra.
Concretamente, la Cámara Baja ha certificado que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda para legitimar la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
MONTERO VE "INAPLICABLE" LA ANTERIOR SENDA
En su defensa de la suspensión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la senda de estabilidad que refrendaron las Cortes antes de la pandemia de Covid "ha devenido inaplicable por el impacto económico" de la crisis desencadenada, por lo que la suspensión supone "aplazar el cumplimiento de los objetivos hasta que las condiciones económicas lo permitan".
Entonces, ha apostillado, "será el momento de poner en marcha políticas fiscales que lleven a la senda de estabilidad y planes de equilibrio", pero antes ha justificado la dotación de mayores recursos para fortalecer los servicios públicos, y aprovechar un mayor techo de gasto en los nuevos Presupuestos para aumentar los fondos a las comunidades autónomas e iniciar el traspaso de gastos impropios que ha venido asumiendo la Seguridad Social y que han cargado indebidamente el déficit del sistema de pensiones.
La titular de Hacienda ha justificado que no suspendió las reglas fiscales hasta confirmarse que la Comisión alargaría la cláusula de salvaguarda también al próximo año, pero ha dejado claro que "haberlo hecho antes no hubiera cambiado nada" pues, ha subrayado, el Gobierno "ha priorizado siempre el combate contra la pandemia, facilitando recursos como nunca antes" al resto de administraciones.
NO ARRIESGAR LA ESTABILIDAD
No han avalado esta decisión ni PP ni Vox, primera y segunda fuerza de la oposición, que se han abstenido. "No queremos formar parte de lo que ustedes quieren que formemos. No estamos de acuerdo con ustedes, ni lo que hacen ni con cómo lo hacen", ha criticado la diputada 'popular' Elvira Rodríguez que, en todo caso, ha justificado no votar en contra porque supone "ayudar" al resto de administraciones.
Rodríguez ha criticado que en el Gobierno "olvidan" que esta "desviación temporal no puede poner en riesgo la estabilidad" y también la necesidad de presentar a corto plazo un plan de "corrección", y ha instado al Ejecutivo a "volver a la ortodoxia fiscal". "Si no, habremos perdido un tiempo precioso y en breves momentos tendremos que adoptar medidas muy dolorosas", ha avisado.
Para Vox, la suspensión de las reglas fiscales "no puede entenderse como un cheque en blanco". "Nos abstendremos de dispensárselo", ha aseverado Iván Espinosa de los Monteros, que cree que existe un "serio riesgo de impago de deuda" y de suspensión de pagos. A su juicio, de seguir así, las políticas del Gobierno llevarán al país "al desastre absoluto".
El PSOE, a través de su portavoz fiscal, Patricia Blanquer, ha criticado que hasta el propio exministro 'popular' Cristóbal Montoro "dijo que no tenían sentido" estas reglas, y ha atribuido esta posición a la actitud de "una derecha oportunista y sin escrúpulos". De su lado, en Unidas Podemos, Txema Guijarro ha celebrado "la activación del freno de emergencia", a diferencia de la anterior crisis en la que, por no hacerlo, se vendieron empresas estratégicas y se recortaron servicios públicos.
EL FONDO DE 5.000 MILLONES Y LA LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El resto de la oposición ha celebrado y respaldado la decisión del Gobierno, si bien varias formaciones, como ERC, Junts y el PNV, le han recordado al Gobierno cómo rechazaba esta posibilidad en su derogado decreto de remanentes municipales. Otros, como EH-Bildu, la CUP, Más País, el BNG, y también ERC, han reivindicado la necesidad de acabar con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
"El problema de fondo persiste, y no basta para dar respuesta a lo que necesitan los ayuntamientos", ha dicho Mertxe Aizpurua (Bildu), que cree que la derogación "debería ser prioritaria para las fuerzas progresistas".
Junts y ERC han exigido además el fondo de 5.000 millones incluido en el derogado decreto para ayuntamientos sin remanentes de tesorería, y Teruel Existe ha expresado su preocupación por una salida de la crisis con más desigualdades. "Nunca es tarde si la dicha es buena", ha dicho Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, que cree que esta suspensión "es la forma de apoyar a las mayorías".
María Muñoz, de Ciudadanos ha afeado al PP y a Vox que sean capaces de abstenerse cuando se les pregunta si existe una pandemia que justifique esta suspensión, cuando piden flexibilidad fiscal para las entidades y UPN, socio electoral del PP y Cs, ha dicho que no apoyarlo "sería como entender que no ha ocurrido nada". Eso sí, su diputado Sergio Sayas ha puesto "reparo a la política ficción" sobre Presupuestos y su "escenario optimista" proyectado para el próximo año.
Finalmente, Isidro Martínez Oblanca, único diputado que ha votado en contra de reconocer una situación extraordinaria para avalar esta suspensión, ha justificado su rechazo por velar por "el interés general", ante el elevado aumento de la deuda y del gasto.
