MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Cumbre Social ha llamado a la participación ciudadana en las elecciones generales del próximo 26 de junio para "acabar con las políticas de austeridad que han provocado un aumento de la pobreza, el paro y la desigualdad social", y que cientos de miles de personas estén más "desprotegidas" que hace una década.
En una nota, la Cumbre Social, que celebra su XIX reunión, apela a la participación de la ciudadanía que se ha opuestos a la política económica de los últimos años para contribuir con su voto a "abrir un nuevo tiempo político y social".
Por otro lado, la Cumbre Social denuncia el "drama" de las personas refugiadas y el "triste papel de gendarme que está jugando Europa", y aboga por poner fin al acuerdo de devolución de personas entre la Unión Europea y Turquía y abrir vías seguras para la llegada y acogimiento de refugiados.
En su plenario, la Cumbre Social ha aprobado un documento de análisis y propuestas sobre la actual situación económica, social y política, que dirigirá a los partidos y coaliciones electorales para que lo hagan suyo y se comprometan públicamente en la campaña electoral.
EL DECÁLOGO DE INICIATIVAS.
El primer punto del decálogo de iniciativas "programáticas y de acción" pasa por derogar la reforma laboral y poner en marcha políticas e inversiones orientadas a consolidar la recuperación y a crear empleo de calidad y con derechos.
También aboga por establecer las redes de protección, la universalización y mejora de los servicios públicos y una renta mínima para atender las situaciones de necesidad extrema, así como por recuperar los derechos democráticos y eliminar las llamadas "leyes mordaza": ley de seguridad ciudadana y artículo 315.3 del Código Penal.
De igual forma, pide a los partidos apoyar a las personas migrantes y refugiadas que llegan a Europa; combatir las violencias machistas y establecer medidas legislativas para promover la igualdad del colectivo LGTB, y hacer realidad una banca pública y un sistema fiscal "más justo y equitativo".
A su vez, reclama la derogación del artículo 135 de la Constitución, la recuperación de los derechos en Educación, Sanidad y Administración Local, y el rechazo de los tratados de libre comercio (TTIP y CETA) y denunciar su "opacidad negociadora y los intentos de modificar derechos sociales y económicos esenciales".
Por último, insta a las formaciones políticas a incrementar los "esfuerzos de presión e información" para defender medidas que hagan frente al cambio climático.
