MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola señaló hoy en su recurso ante la Audiencia Provincial que la "absoluta inexistencia" de un pacto colusorio, o una concertación previa, con Gas Natural y "es la única razón de la falta de aportación por parte de Endesa de prueba o indicio de su existencia", informaron fuentes de la eléctrica.
Iberdrola, al igual que Gas Natural, presentó hoy un recurso contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid de paralizar la OPA de la gasista sobre Endesa mientras estudia si el pacto entre ambas es legal o no.
La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán señala en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que creer que existe un acuerdo global entre ambas empresas con el objetivo de repartirse los mercados de gas y electricidad en España es "además de faltar gravemente a la realidad de los hechos, contrariar la jurisprudencia europea en esta materia, que ha venido exigiendo pruebas determinantes y objetivas de la existencia de un acuerdo colusorio", señala.
"La afirmación" de que ese pacto constituye una concertación previa "es una burda invención", señala, y suraya que "la parte demandante (Endesa) ni siquiera lo cita en el súplico de su solicitud de medidas cautelares".
"Iberdrola y Gas Natural no han negociado ni suscrito acuerdo alguno concertado para reparto de mercados, y/o de exclusión de competidores, y/o de concertación sobre el devenir de la OPA, sin que, tampoco, estas entidades intercambiaran información estratégica de negocio alguna al respecto, ni convinieran acerca del devenir de la OPA", afirma la eléctrica en el texto.
La empresa recalca que los únicos hechos conocidos son los que constan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Hechos Relevantes: la formulación el día 5 de septiembre de 2005 de una OPA de Gas Natural sobre el 100% del capital social de Endesa y la suscripción en esa misma fecha entre Gas Natural e Iberdrola de "un acuerdo de remedios" a dicha OPA.
Gracias a este acuerdo, la eléctrica compraría por entre 7.000 y 9.000 millones de euros una serie de activos que el Gobierno obligaría a Gas Natural a desahacerse para evitar una concentración en el mercado y su impacto negativo en la competencia.
