MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha eludido concretar si responderá antes del próximo domingo, fecha de celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, a la petición formulada por el Gobierno español de un dictamen jurídico sobre el procedimiento necesario para activar el cese de Magdalena Álvarez como vicepresidenta del banco.
A la pregunta sobre si el presidente del BEI, Werner Hoyer, responderá a la carta remitida por la representante española en el consejo de administración de la entidad antes de las elecciones del 25 de mayo, una portavoz de la institución señaló a Europa Press que "el BEI no comenta sobre procesos internos".
Clara Crespo, representante española en el consejo de administración del BEI y subdirectora general del Ministerio de Economía, ha pedido por carta al presidente de la institución un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de Álvarez, informaron a Europa Press en fuentes próximas al Ejecutivo.
De esta manera, el Gobierno español ha decidido tomar la iniciativa tras la imputación de Álvarez por el caso de los ERE en Andalucía, después de que varios miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Economía, Luis de Guindos, hayan apelado a la responsabilidad de la exministra socialista.
En concreto, Crespo ha solicitado en la misiva aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores, así como sobre quién inicia el procedimiento, qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar.
Además, la representante española en el máximo órgano de gobierno del BEI ha pedido que se consulte a la Oficina de Conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo reputacional para el BEI en las actuales circunstancias.
Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. El mandato de Álvarez debería expirar en dos años, y de producirse su sustitución, el Gobierno tendría la opción de nombrar a otro representante español.
