BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo de CiU en el Congreso reclamará mañana al Gobierno en el Congreso que ceda a Cataluña, así como al resto de autonomías, un mínimo del 50 por ciento de la recaudación por IRPF obtenido en las declaraciones efectuadas en su territorio, garantizando que Cataluña gestione íntegramente los recursos obtenidos de la asignación tributaria de este impuesto para fines de interés social.
De este modo, se obtendrían las competencias exclusivas de las comunidades contempladas en los estatutos en materia social, y, a la vez, disminuiría la "elevada" diferencia entre lo que se recauda y lo que recibe Cataluña.
Según datos de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, ésta recaudó 40 millones de euros y sólo 13 fueron destinados a programas --tanto estatales como autonómicos-- en el territorio.
Para conseguirlo, CiU defenderá mañana en la Comisión de Educación y Política Social del Congreso una proposición de ley que insta al Gobierno a territorializar por comunidades los recursos recaudados en la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social.
El objetivo de la propuesta es garantizar más recursos para los programas sociales y las inversiones de las entidades de ámbito local y autonómico.
El portavoz de Política Social de CiU, Carles Campuzano, explicó que la reiterada demanda se justifica por varias razones: posibilitar el ejercicio de las competencias exclusivas de las comunidades en materia de acción social y de asociaciones y fundaciones; garantizar recursos para programas sociales de entidades locales y autonómicas; hacer efectivo el principio de proximidad como elemento rector de la política social; y vincular recaudación y distribución para evitar el desincentivo que provoca la inexistencia de esta relación.
NADIE PIERDE, TODOS GANAN
Campuzano recordó que esta es una iniciativa que CiU y otros grupos parlamentarios ya presentaron en la anterior legislatura pero que el PSOE rechazó.
En esta ocasión, puede que el voto del PSOE cambie porque, para CiU, nadie perderá. Esto es posible al pasar del 0,52 al 0,7 por ciento que se recaudó en la última declaración de la Renta. Esto producirá un importante incremento de recursos que dan margen a definir nuevos criterios.
Así, si las recaudaciones del 0,52 por ciento de la declaración de la Renta de 2006 se situaron en 166 millones de euros, la hipótesis mínima en la recaudación de 2007 contando con el 0,7 por ciento será de 224 millones. Con la aplicación del 50 por ciento solicitado por CiU, los gobiernos autonómicos podrían decidir y gestionar 112 millones para programas autonómicos.
CATALUNYA, LA MÁS SOLIDARIA
El diputado manifestó también que "la comunidad más solidaria en este contexto, el de la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social, es Cataluña", ya que el porcentaje de declarantes del IRPF que desean destinar parte de su renta a esta finalidad es el más elevado de todas las autonomías y se sitúa siempre sobre la media para el conjunto del Estado.
Cataluña aportó 40 millones de euros en la declaración de la Renta de 2005, muy por encima de las comunidades que le siguen en mayor aportación, como Madrid (32 millones), Andalucía (16) y la Comunidad Valenciana (14).
Campuzano afirmó que, por eso, los ciudadanos residentes en Cataluña "pueden interpretar que no se está cumpliendo con su voluntad, pues no se destina la parte de sus impuestos que voluntariamente determinan a finalidades sociales".
SOLIDARIDAD ESTATAL
Recordó además que, en cumplimiento de la Proposición no de Ley 161/000667 de la VIII legislatura, el Gobierno elaboró un estudio sobre el programa de Subvenciones con cargo al 0,52 por ciento del IRPF, con el propósito de establecer un mecanismo para incentivar y reducir la distancia entre lo que se recauda y lo que se distribuye, con determinación de una fórmula de territorialización de los recursos.
Sin embargo, el estudio, lejos de configurar el mecanismo o de determinar una fórmula, argumenta entre otras razones, para no proceder a la territorialización, que ésta supondría la desaparición de un instrumento de solidaridad estatal.
Pero es evidente para Campuzano que "territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social no impide al Estado llevar a cabo políticas públicas de igualdad para el efectivo ejercicio de los derechos".
