MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, ha presentado este jueves una proposición de ley para modificar la prestación por hijo o menor a cargo, elevando su cuantía de los 291 euros anuales actuales a 1.200 euros al año, lo que supondría destinar unos 7.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a esta transferencia de rentas a las familias para luchar contra la pobreza infantil.
Según la iniciativa, que pasa por modificar el decreto ley por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, los ciudadanos que tengan a su cargo a un hijo o a un menor acogido tendrán derecho a recibir 100 euros al mes (frente a los "ínfimos" 24,2 euros actuales) en concepto de prestación por menor a cargo.
Si el menor tiene una discapacidad del 33% o más la cifra se elevará hasta los 3.600 euros anuales. En el caso de los mayores de edad con discapacidades del 65% o superior la cifra se elevará hasta los 7.800 euros, y hasta los 14.400 euros si se trata de un mayor de edad afectado por una discapacidad del 75% o superior que "necesita el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida".
En el caso de las familias numerosas, la asignación se elevará a 1.500 euros y hasta 2.100 euros si se trata de una familia numerosa de categoría especial.
SE ELEVAN LOS TOPES
Por otra parte, los nacionalistas catalanes proponen también incrementar los límites de renta que dan derecho a esta prestación --actualmente 11.520 euros anuales-- que, en cualquier caso, debería tener vocación de universalidad en el medio y largo plazo.
Así, podrán acceder a esta ayuda las familias cuyos ingresos anuales totales no superen los 25.400 euros, que es la "renta mediana de las familias españolas", por lo que al menos la mitad de los hogares con hijos podrían beneficiarse de la medida. CiU calcula que se pasaría de los 850.000 beneficiarios actuales de la prestación por hijo a cargo a más de 1,3 millones de familias.
Además, ese umbral se elevaría un 15% por cada hijo o menor a cargo a partir del segundo, y llegaría a los 33.111,36 euros anuales en caso de familia numerosa con tres menores a cargo y se incrementaría en 4.506,38 euros por cada menor adicional a partir del cuarto.
En el caso de familias con hijos discapacitados no se exigirá límite de recursos económicos, y también se permitirá optar a esta prestación a quienes no tengan derecho a ella en cualquier otro régimen público de protección social.
Los límites de ingresos deberán actualizarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado "al menos" en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas de la Seguridad Social, que según su normativa tienen un suelo de revalorización del 0,25% anual y un techo del IPC más medio punto.
OTROS BENEFICIARIOS
También tendrán derecho los huérfanos de padre y madre menores o con discapacidad del 65% o superior, y quienes hayan sido abandonados por sus padres siempre que no estén en régimen de acogimiento permanente o preadoptivo. En cualquier caso, los menores no discapacitados no podrán tener ingresos anuales --incluida la pensión de orfandad-- que superen los límites establecidos.
Asimismo, serán beneficiarios los mayores de 18 años cuya discapacidad no haya conllevado una incapacitación judicial y conserven su capacidad de obrar. En cualquier caso, los ingresos por esta prestación no se tendrán en cuenta a efectos de determinar la capacidad económica para beneficiarse de la Ley de Dependencia.
En el caso de familias que superen el tope máximo pero tengan ingresos inferiores a la propia prestación, se les garantizará una ayuda igual a la diferencia entre ambas cuantías. Esa ayuda será distribuida entre los hijos o menores acogidos y las mensualidades a las que se tenga derecho.
GESTIÓN TRANSFERIDA A LAS COMUNIDADES
En la proposición de ley, los nacionalistas catalanes también reclaman que la gestión de esta prestación, que se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado como el resto de prestaciones no contributivas, sea transferida a las comunidades autónomas por ser las administraciones más cercanas al ciudadano. Además, plantean que el Gobierno deba informar anualmente a las Cortes sobre la evolución de estas ayudas.
Según ha señalado Campuzano, este cambio normativo no será una "panacea mágica" contra la pobreza infantil, pero sí permitirá luchar contra este fenómeno con una "ambición notable", al plantear que los 1.300 millones que actualmente se destinan a esta prestación se eleven hasta los 7.000 millones, lo que permitiría doblar el número de niños protegidos, hasta llegar a los 4 millones.
"Se puede decir que son cifras locas en este contexto económico y presupuestario, pero por ejemplo en tasas este año se presupuestaron 5.000 millones de euros y finalmente se han ingresado 12.000 millones, así que con voluntad política debería poder hacerse", explica el nacionalista catalán, que en su texto señala que "reformar el sistema de prestaciones tendría un coste importante pero no inasumible".
Y recuerda que, si realmente se quiere tener una "discusión a fondo" del problema de la pobreza infantil y su evolución reciente en España --incluso antes del inicio de la crisis--, es imprescindible analizar el sistema de transferencias de recursos del Estado a las familias con hijos, que está muy lejos del que tienen los países de la UE-15, de carácter universal en la mayor parte de los casos y consecuentemente con menores tasas de pobreza.
De hecho, la prestación por hijo a cargo en España es la más baja de la Eurozona, sólo por detrás de Grecia, y la cifra de pobreza o riesgo de exclusión social entre los niños alcanza cotas "alarmantes" en nuestro país, con prácticamente un 30% de menores afectados según un informe de Cáritas. "Son datos impropios del nivel de renta del país y de su desarrollo democrático", advierte CiU.
"Nuestras cifras evidencian que la debilidad del Estado del Bienestar español es que no está suficientemente orientado a proteger a las familias y los niños ante la crisis y el paro como sí hace con los mayores a través de las pensiones", cree Campuzano, recordando que esto tendrá consecuencias a medio y largo plazo porque "la mejor garantía para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social es sacar de la pobreza a los niños del presente", añade.
Por último, CiU recuerda en su texto que "no hay tiempo para postergar esta batalla a después de la crisis".
