MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía del Congreso ha pedido este miércoles al Gobierno, con los votos de PP y CiU y la abstención de PSOE y UPyD, que avance en la implantación de modelos de gestión público-privada de las áreas comerciales urbanas, en las que los comerciantes pagan impuestos adicionales a cambio de recibir servicios públicos extras.
La 'popular' Belén Juste ha explicado que la crisis ha puesto en una situación de gran "gravedad" a los comerciantes españoles, lo que debe mover a las administraciones públicas a "implantar mecanismos de mejora" para este sector. Unas iniciativas que, generalmente, han partido de las administraciones autonómicas y locales, sin que el Estado haya definido "patrones ni un marco general" que las ampare.
Por eso, el Gobierno del PP puso en marcha el año pasado --y ha reeditado este ejercicio-- un Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista y ha creado un grupo de trabajo que "estudia la realidad y las demandas de las áreas comerciales urbanas para articular las nuevas necesidades de regulación y de colaboración público-privada en este ámbito".
Fruto de ese trabajo es el borrador de regulación que la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Economía ha preparado con las posibles normas para regular las Áreas para la Promoción de Iniciativas Empresariales (APIEs) con el objetivo de "promoverlas" y de "implicar a las empresas que no participan en el funcionamiento" de las áreas comerciales pero que "sí se benefician de sus servicios".
FINANCIACIÓN ESTABLE
Aunque sin precisar cuándo estará esta regulación en vigor, Juste ha defendido la posibilidad de que en las zonas de alta concentración de actividades comerciales se puedan prestar servicios adicionales que "completen" a los que ya prestan las administraciones públicas, de modo que "mejore su atractivo".
Estos servicios adicionales se financiarían con unos "ingresos anuales provenientes de una aportación obligatoria de los comerciantes y propietarios", y se centrarían en materias como la limpieza, el mantenimiento de las calles, la vigilancia y la seguridad, el diseño urbano, la regulación de los espacios públicos o la organización del transporte. La ciudad de Gandía (Valencia) ha puesto ya en marcha una iniciativa de estas características que debe ser el "proyecto piloto" que guíe a otros municipios.
"El objetivo es crear un marco legal sencillo, multidisciplinar, que busque soluciones con todos los agentes y que dé estabilidad a la financiación (de las APIEs). Y con esta proposición no de ley damos un paso más en este camino, al abogar por empezar a diseñar un nuevo enfoque de los nuevos modelos de gestión para hacer ciudad en un entorno colaborativo", ha añadido la diputada, recordando las experiencias positivas en este sentido que ha habido en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.
De hecho, ante el "camino que otros llevan ya adelantado", ha instado a los grupos parlamentarios a ser "ágiles y mucho más flexibles" para que España "no se quede atrás". "Es de vital importancia continuar trabajando en este modelo de gestión de servicios urbanos, articulando su naturaleza, su definición, sus funciones y su financiación", ha zanjado.
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha aplaudido la iniciativa de desarrollar estos centros comerciales abiertos, que a su juicio concitan un gran consenso social, y ha defendido que con este tipo de propuestas se defiende el comercio de proximidad y la "coexistencia y equilibrio" entre las grandes superficies y las tiendas de barrio.
ACUERDO PREVIO
Por su parte, el socialista Félix Lavilla ha justificado la abstención de su grupo en el rechazo a sus enmiendas, que fundamentalmente pedían un "consenso previo con el sector" sobre la normativa para estos centros comerciales abiertos, con la que en general están de acuerdo.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, también ha optado por la abstención ante el "temor" de que este modelo lleve al "abandono de ciertas funciones públicas en manos privadas". "Se nos dicen que van a conseguir unos servicios extras, unas mejoras sobre la situación existente, pero el peligro es que las administraciones territoriales con dificultades financieras acaben abandonando alguna de sus responsabilidades públicas en manos privadas y no haya extra sino sustitución", ha insistido.
Finalmente, Alberto Garzón, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha explicado su voto en contra recordando que "los impuestos no están para estas cuestiones, sino para corregir las desigualdades y fomentar el Estado del Bienestar".
"Siempre hemos estado a favor del comercio local, por razones laborales y medioambientales. Es fundamental promocionarlo, pero hay que hacerlo a través del fomento de la demanda. Esta iniciativa distorsiona el equilibrio territorial, discriminando algunas zonas, y es el fin de la progresividad fiscal. Esto se nos antoja una mala solución para resolver una crisis cierta como es la del comercio local", ha zanjado.
