MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió hoy a los partidos políticos la liberalización de la energía y la revisión "íntegra" de los mecanismos de fijación de tarifas, "para que el consumidor pague por el precio real de este producto de forma transparente".
Asimismo, la organización reclamó la creación de un plan global en materia de vivienda "que acabe con la especulación y ataque el injustificado incremento del precio de la vivienda en propiedad" y dentro del cual se integren medidas estructurales a largo plazo "para potenciar el alquiler y devolverle su prestigio".
Ambas peticiones forman parte de las 13 reivindicaciones que la organización ha trasladado a los grupos políticos con representación parlamentaria de cara a la próxima legislatura dado que "la política de consumo, que afecta a todos los ciudadanos, no ha tenido un claro reflejo en los programas electorales de los diferentes partidos", según señaló hoy en un comunicado.
En este sentido, la OCU también reclamó la creación de una Secretaría de Estado de Consumo de cara a la próxima legislatura y que se modifique el Instituto Nacional de Consumo, dándole estatuto de Agencia Española del Consumo, con un presidente con rango de secretario de Estado.
Respecto al sobreendeudamiento, la OCU solicitó que se adopte una legislación que proteja al consumidor en esta situación "ante la magnitud que ha cobrado el problema".
En cuanto a los procedimientos concursales, la organización demandó que se mejore el tratamiento que se da a los consumidores en estos procesos y que sean considerados acreedores preferentes "para garantizar al máximo sus derechos económicos".
Por otro lado, reclamó que se revise el acervo comunitario en materia de consumo y que el próximo Gobierno defienda la posibilidad de que el nuevo régimen permita la flexibilidad necesaria para que los Estados miembros puedan seguir legislando en esta materia.
Sobre las reclamaciones de consumo, y con el fin de mantener el nivel de protección de los ciudadanos, planteó que, en aquellas que sean de pequeña cuantía, se establezca un proceso que finalice en un requerimiento de la Administración al infractor para que éste satisfaga la reclamación del consumidor.
Con el mismo objetivo, la OCU pidió "una revisión integral de los mecanismos de control de la publicidad" y, al mismo tiempo, que las administraciones usen su capacidad coercitiva para poner fin a la emisión de campañas de publicidad engañosa.
La organización también solicitó que se cree una Agencia Nacional de Seguridad de los Productos que coordine las actuaciones de las distintas administraciones y la información sobre riesgos y productos defectuosos para el consumidor.
En este sentido, consideró necesario que se oriente al ciudadano "hacia un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente", intensificando las campañas públicas de sensibilización social.
Por otro lado, la OCU demandó que se cree un sistema general de información sobre las listas de espera de Sanidad que sea "público, transparente y comparable". Además, reclamó que se garanticen por ley unos tiempos máximos de espera en las distintas etapas de la atención sanitaria "para que los ciudadanos no sufran demoras excesivas".
También en materia sanitaria, propuso una modificación de la actual ley contra el tabaquismo "para que no se permita fumar en ningún espacio público compartido" y que se endurezca la fiscalidad del tabaco.
Finalmente, la OCU consideró imprescindible que se regule el derecho de huelga a través de una ley "que garantice lo dispuesto en la Constitución" y que evite, especialmente en los servicios de interés general, "los abusos contra los consumidores cometidos por determinados colectivos de trabajadores" de esos sectores.
