24 de marzo de 2019
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  • 25 de septiembre de 2014

    El decreto concursal cosecha el apoyo de UPyD, CiU y PNV, que piden al PP medidas para autónomos y pymes

    La Izquierda Plural advierte de que se abre la puerta a los fondos buitre y Guindos se muestra dispuesto incluso a refundir el texto

    El decreto concursal cosecha el apoyo de UPyD, CiU y PNV, que piden al PP medidas para autónomos y pymes
    EUROPA PRESS

    MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

    La convalidación del decreto ley de Medidas urgentes en materia concursal por el Pleno del Congreso contará finalmente con el voto favorable de UPyD, CiU y el PNV, que no obstante piden al PP que incluya medidas de segunda oportunidad para autónomos y pymes durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, una exigencia que también comparten los socialistas que, a la espera de ver cómo se desarrolla la negociación, han optado por abstenerse.

    Uno a uno, los diferentes portavoces de los grupos de la oposición han subido a la tribuna de oradores de la Cámara Baja para reconocer que el texto del Ministerio de Economía permitirá dar más posibilidades de supervivencia a empresas excesivamente endeudadas pero viables, aunque también han señalado algunas insuficiencias de la norma.

    Así, el socialista Jesús Caldera ha mostrado la "predisposición favorable" de su grupo a un decreto de "particular importancia para la actividad económica y el empleo", aunque ha subrayado que "el texto necesita mejoras" que espera conduzcan a un voto favorable durante su tramitación en comisión como proyecto de ley.

    LAGUNAS A SOLUCIONAR

    En particular, se ha referido a la necesidad de regular la insolvencia de las personas físicas --lo que incluye no sólo a autónomos y muchas pymes, sino también a familias sobreendeudadas-- para garantizarles procedimientos "específicos y simplificados" de reestructuración de su deuda que eviten que acaben cayendo en "deudas de por vida"

    Además, ha pedido la inclusión de los interlocutores sociales en la nueva Comisión de Seguimiento de la reestructuración de la deuda privada, ampliar el plazo de recurso de los deudores hipotecarios ante sentencias contrarias a su oposición al desahucio, o garantizar que todos los compradores de empresas que pertenezcan al sector financiero estén sujetos a la supervisión del Banco de España.

    REFUNDIR EL TEXTO

    El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, también ha coincidido en la necesidad de aprobar una Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas, propuesta que su grupo ha planteado en diversas ocasiones, y ha anunciado su respaldo a la convalidación de un decreto que, "con todos sus defectos, mejora la situación actual".

    No obstante, espera cambios, incluyendo aspectos como hacer un texto refundido de la legislación concursal tras las "continuas y espasmódicas modificaciones" que ha sufrido. Además, ha aprovechado para criticar una vez más que se haya "tardado tanto" en presentar esta norma. "Ponemos el tapón de la botella cuando buena parte de la leche ya se ha derramado", ha lamentado Anchuelo.

    Su homólogo de CiU, Josep Sánchez Llibre, también valora el decreto, porque "de lo que se trata fundamentalmente es de facilitar la supervivencia de muchas empresas viables y su empleo", pero ha reprochado que haya "llegado tarde y a pedazos". En cualquier caso, ve "insuficiente" la reducción de los privilegios especiales, que no afectan a deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

    Además, reclama que también se dé segunda oportunidad a los propietarios originales que no hayan actuado fraudulentamente o de mala fe. Y plantea que los adquirientes de una empresa no deban asumir las deudas con la Seguridad Social para no dificultar operaciones de compra. "Esperamos que en la tramitación podamos negociar y tener un final feliz para conseguir una legislación moderna y eficiente", ha añadido.

    El nacionalista vasco Pedro Azpiazu considera "básicamente adecuado" el decreto aunque cree que las medidas "llegan con bastante retraso" y que tienen un "alcance excesivamente limitado" porque también debería extenderse a los autónomos y los particulares.

    ESPAÑA, PARAÍSO PARA LOS FONDOS BUITRE

    En el extremo contrario se ha situado el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, quien ha utilizado el turno en contra para rechazar un texto que "no tiene nada que ver con el empleo" y sí con "allanar el camino para que los fondos buitre limpien de carroña el desastre dejado por la crisis y se conviertan en el principal agente de desapalancamiento de la economía".

    "Este decreto es un lobo con piel de cordero, porque prepara la pista de aterrizaje para hacer de España un paraíso para los carroñeros fondos buitre", ha insistido, avisando de que se permitirá a unas entidades al margen de la supervisión y el control financiero adquirir "buena parte de los activos del país" a "precio de ganga" e "imponer sus condiciones al resto de acreedores".

    Algo que, a su entender, "sienta las bases de otro desastre" financiero ya que los 'hedge funds' son "cortoplacistas y buscan beneficios elevados y rápidos", que es "justo lo contrario de lo que necesitan las estrategias de recuperación de las empresas". "Estamos sembrando las primeras simientes de una nueva crisis", ha reiterado, vinculando esta norma con el real decreto que permitiría que los fondos buitre concedan préstamos empresariales "sin que el Congreso haya debatido si eso es favorable para el país o no".

    Por otra parte, ha reprochado al Ejecutivo que modifique la normativa hipotecaria "tarde y forzado por Europa" y que encima lo haga "dejando fuera a las familias más perjudicadas por la crisis" y que ya han perdido su vivienda en aplicación de una ley "ilegal"; y ha criticado que se esté "preparando el terreno para una masiva operación de compra de autopistas ruinosas" a costa de los ciudadanos.

    INTENCIONES AVIESAS

    El portavoz económico del PP en la Cámara Baja, Vicente Martínez Pujalte, ha replicado a estas críticas que el decreto tiene "buenas intenciones", persigue "objetivos loables" y va "por el buen camino", y ha reprochado a Coscubiela, sin mencionarle, que vea "aviesas intenciones" en todo lo que hace el Gobierno y "no concederle ningún tipo de buena intención", porque así "es muy difícil llegar a acuerdos".

    En cualquier caso, el 'popular' ha reiterado que el objetivo de la norma es "intentar que las empresas tengan continuidad y que se mantengan los puestos de trabajo" y evitar un "achatarramiento del tejido productivo" español. "Y ése debería ser un objetivo compartido", ha espetado.

    "La crisis ha sido muy dura, y hay muchas empresas que no son viables. Y no se trata de ser Lourdes y revivir a los muertos, ni de ayudar a los dueños o los accionistas. Se trata de hacer viables a las empresas que puedan serlo pero que se ven abocadas a la liquidación por un exceso de deuda", ha explicado, destacando que las medidas adoptadas en primavera para los preconcursos han dado "buenos resultados" y que hay que seguir en la misma línea.

    Además, ha asegurado que el trabajo de negociación con la oposición que se ha mantenido hasta ahora seguirá con la tramitación del proyecto de ley y ha mostrado su disposición ha estudiar cambios en los asuntos planteados por los grupos, particularmente la extensión de este marco regulatorio a las personas físicas y las familias.

    Finalmente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tomado la palabra al final del debate para reconocer que "hay propuestas de sustancia que tienen mucho sentido" y asegurar que está dispuesto a "considerarlas", incluyendo por ejemplo la posibilidad de aprobar un texto refundido de la normativa concursal. "Así que creo que en la tramitación seremos capaces de avanzar en el acuerdo", ha concluido.

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