MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Economía y Hacienda ha dictado una orden por la que declara la "insuficiencia de medios" de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para cumplir con las actuaciones de control y auditorías previstas para 2011 y la autoriza a contratar empresas privadas de auditoría para tales fines.
En la orden, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), firmada por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y en vigor a partir de mañana, se señala que, "como en años anteriores", la IGAE no dispone de los medios suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a dichas actuaciones.
Así, indica que "por razones de eficiencia técnica y organizativa" encaminadas a cumplir los objetivos de ejecución recogidos en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para 2011 y en la programación de controles para ese mismo año en las Estrategias de Auditoría 2007-2013, resulta necesario establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.
Por ello, el Departamento que dirige Elena Salgado da su autorización en esta orden para que la IGAE, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, pueda colaborar con auditoras privadas para la realización de auditorías en las cuentas anuales del ejercicio 2010 de determinadas entidades y para efectuar controles de los fondos comunitarios.
Economía precisa que en aquellos trabajos de control y auditoría cuya realización por la IGAE tenga carácter periódico y recurrente se autoriza la celebración de contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año.
La IGAE tiene la obligación, por ley, de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las entidades estatales de derecho público, consorcios, mutuas de accidente y enfermedades profesionales, fundaciones del sector público estatal y sociedades mercantiles estatales.
Asimismo, la IGAE es también la encargada de ejercer el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas a sujetos del sector público estatal y de las financiadas con cargo a los fondos comunitarios.
En un comunicado, la Federacion de Cuerpos Superiores de la Administracion Civil del Estado (Fedeca) denunció que esta orden es resultado de la reducción que en su momento se hizo de la oferta de empleo público.
"El resultado es, como puede observarse, la necesidad de subcontratar a empresas privadas el trabajo que debería hacer la Administración General del Estado. Y todo ello, a un coste superior al derivado de la convocatoria de las oposiciones para disponer del personal necesario", añadió.
