MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, defendió hoy la medida contemplada en el Estatuto de Cataluña, según la cual la inversión estatal en esta comunidad se hará en los próximos siete años en función de su peso en el PIB nacional, y aseguró que hay otros estatutos autonómicos que contemplan inversiones específicas en esas regiones de acuerdo a determinados criterios.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, Solbes afirmó que al Gobierno le parece "razonable" aumentar la inversión territorializable en Cataluña teniendo en cuenta que en los últimos años dicha inversión ha sido "muy baja". Así, indicó que en 1997 y 1998 recibió el 8% del total y en 1999 el 12%, por debajo de su peso en el PIB nacional.
"Cifras muy bajas que nos parece razonable compensar en los próximos años, pero que en absoluto rompen el modelo de inversiones, sobre el que seguirá habiendo unos criterios generales, ni es algo anómalo", reiteró.
En este sentido, indicó que actualmente hay estatutos que tienen referencias específicas sobre temas de esta índole, como el de Andalucía y Extremadura, que tienen asignaciones complementarias, o los estatutos de Aragón, Baleares, Canarias y Andalucía, donde se contemplan compensaciones específicas por minoración de ingresos.
Igualmente, indicó que existe una mención específica del criterio de situación limítrofe con otras comunidades en el estatuto de La Rioja. "Por tanto, hay elementos puntuales en cada uno de los estatutos que deben tomarse en consideración", añadió.
Solbes precisó también que de las inversiones que se habla en el Estatuto catalán son únicamente las territorializables, sin tener en cuenta el Fondo de Compensación Interterritorial, ni los fondos comunitarios, ni las inversiones de empresas públicas, ni el modelo de financiación autonómica.
De esta manera, garantizó que con todos estos instrumentos el Gobierno aplicará un sistema de inversiones públicas "que sea más o menos equilibrado, que funcione bien y que se haga de acuerdo con las prioridades temporales de cada comunidad". En algunos momentos, señaló que será más importante acelerar la inversión de un determinado concepto en alguna comunidad que en otra y, sin embargo, posteriormente podrá variar esta presión.
EL CASO DE MADRID.
El ejemplo más claro que citó fue el de la Comunidad de Madrid, donde en 1997, mientras Cataluña recibió inversiones que representaban el 8% de la participación en el PIB estatal, Madrid disfrutó del 23%, porcentaje que se incrementó al 26% en 1998, y que se situó en el 21% en 1999 y 2000, como consecuencia de la ampliación del aeropuerto de Barajas y de las obras en los anillos de circulación de Madrid.
No obstante, admitió que no es "forofo" del concepto de territorialización de las inversiones estatales porque lleva aparejada "muchas complicaciones", y afirmó que medir así las inversiones es "ineficiente" en términos económicos. En este sentido, dijo que no todos los años se puede hacer un aeropuerto o un tren de alta velocidad.
PP: EL MODELO CATALAN NO PUEDE EXTENDERSE.
Por su parte, la senadora del PP María del Mar Angulo indicó que de extender el criterio de inversiones estatales en Cataluña según su peso en el PIB nacional, supondría una inversión adicional de 160 euros anuales por cada ciudadano catalán, pero un recorte de 170 euros en el caso de los habitantes de Castilla-La Mancha.
Por ello, criticó esta medida y pidió a Solbes que se aplique un sistema "equilibrado" y "solidario", que garantice no sólo inversiones adecuadas para Cataluña, sino también para el resto de comunidades autónomas.
