El Gobierno espera "ligeras reducciones" de gasto con la nueva Ley de Metrología, que reducirá controles

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Actualizado: jueves, 1 mayo 2014 15:17

Los ciudadanos podrán comprobar, por ejemplo, que el pesaje de su compra por el comerciante es exacta

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno espera que la nueva Ley de Metrología, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, aporte "ligeras reducciones" de gasto gracias a la reducción del número de controles que tiene que efectuar el Estado.

Así lo reconoce en la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley, que ya ha sido enviada al Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press. Según el documento, la norma no conllevará un incremento del gasto público, sino que antes al contrario "los ya poco relevantes costes del control metrológico del Estado se verán, presumiblemente, ligeramente reducidos".

Esto será posible gracias a la introducción de "novedades" como los instrumentos testigo, que permitirán a los ciudadanos, "en ciertos casos, comprobar por sí mismos la exactitud de las medidas". Un ejemplo sería un instrumento de pesaje situado en un lugar público, como un mercado de alimentación, sobre el que los ciudadanos podrán comprobar fácilmente la exactitud de las pesadas realizadas por los comerciantes.

"Esto permitirá ampliar los plazos de las verificaciones periódicas de los instrumentos situados en el mismo recinto, reduciendo los costes asociados al control metrológico del Estado", insiste el Ejecutivo.

EXPORTACIÓN DE INSTRUMENTOS METROLÓGICOS

Por otra parte, el proyecto de ley incluye una previsión sobre la protección del patrimonio histórico-artístico, de modo que se prohíbe la exportación de instrumentos y otros objetos metrológicos que posean significación histórica o que tengan una antigüedad superior a los 50 años.

Por "economía procedimental", el Gobierno también ha incorporado en esta norma un artículo relativo a la verificación de las reparaciones de equipos por parte de sus fabricantes o comerciantes. Así, se deroga la prohibición general de que una reparación se zanje sin una verificación individual, una práctica actualmente "ilegal pero indetectable".

Y es que a juicio del Ejecutivo "supone un contrasentido que el instrumento pueda ser fabricado y puesto en servicio sin verificación individual y, sin embargo, tenga que ser verificado después de una reparación realizada por quien sí está autorizado a ponerlo en servicio como nuevo".

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS PREVIAS

Al margen de estas particularidades, el proyecto de ley se destina fundamentalmente a actualizar el marco legal de metrología, que data de 1985, de modo que queden unificadas y clarificadas todas las normas al respecto, incorporando a la vez las directrices internacionales y mejorando el control de los instrumentos de medida.

Esto permitirá, según el Ejecutivo, tener una mayor calidad en los instrumentos de medición y en la seguridad jurídica de las mediciones. Para ello, será obligatorio utilizar el Sistema Internacional de Medidas, que va más allá de las tradicionales unidades de medida puesto que incluye no sólo las unidades, su nombre y definición, sino también los símbolos, las reglas de escritura y el uso de múltiplos y submúltiplos.

El proyecto también define el alcance del control metrológico del Estado, los elementos que se someten a control, las fases que comprende, sus procedimientos de vigilancia e inspección, el tratamiento de las modificaciones y reparaciones realizadas durante la vida útil de los instrumentos y la regulación metrológica de los productos preenvasados.

Los elementos que están sometidos al control metrológico del Estado son aquellos instrumentos, medios, materiales de referencia, sistemas de medida y programas informáticos que sirven para medir o contar y que sean utilizados por razones de interés público, salud y seguridad pública, orden público, protección del medio ambiente, protección o información de los consumidores y usuarios, recaudación de tributos, cálculo de aranceles, cánones, sanciones administrativas, realización de peritajes judiciales y establecimiento de las garantías básicas para un comercio leal.

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