MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los hosteleros dejarán de ingresar una media de 300 euros mensuales --3.600 euros anuales-- si finalmente el Ministerio de Sanidad y Política Social prohíbe fumar en espacios públicos cerrados en 2010 y no se permite a los pequeños restauradores dispensar tabaco en máquinas expendedoras, según señaló hoy la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna aseguró que estos ingresos "complementan las rentas de muchos pequeños hosteleros", y resaltó que las máquinas expendedoras no son nocivas para la salud, por que sólo son un punto de venta al igual que los estancos.
En relación con el anuncio de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de endurecer la Ley Antitabaco, Reyna quiso dejar claro que en el aspecto sanitario los autónomos "no tienen nada que indicar", pero que en el aspecto económico este anuncio va a perjudicar a los pequeños hosteleros y "puede suponer el cierre de muchos establecimientos".
Según la asociación, la medida llegaría en un escenario completamente adverso, ya que la actual coyuntura económica "ha provocado ya el cierre de más de 6.000 establecimientos en los últimos dos meses".
Ante esta situación, el colectivo reclama al Ejecutivo, además del permiso para vender tabaco en espacios para no fumadores, que el Gobierno compense las pérdidas económicas ocasionadas por la adaptación de locales de fumadores, así como del cese de actividad como consecuencia de la prohibición al consumo de tabaco en espacios públicos cerrados.
En primer lugar, Reyna abogó por "resarcir de alguna forma" a los establecimientos que afrontaron reformas para la habilitación de espacios para fumadores en sus locales y que aún se encuentren en periodo de amortización de las obras. El gasto medio ascendió a 1.000 euros por local para completar las reformas.
En relación al cese de actividad, el máximo representante de UPTA instó al Gobierno a emprender medidas de protección, como la jubilación anticipada, para aquellos autónomos del sector que se vean obligados al cierre de negocio como consecuencia de la prohibición.
En este aspecto, Reyna apuntó la posibilidad de crear un plan especial de reestructuración del sector, mediante el cual se pueda presentar un informe al cabo de un año completo que demuestre la caída de la actividad como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa.
