MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Economía Sostenible, cuyo Anteproyecto de Ley aprobará mañana el Consejo de Ministros, debería incluir plazos de pago de 30 días por contrato tanto para las empresas como las administraciones públicas y estipular por Ley el cobro de los intereses de demora con el objetivo de luchar contra la morosidad, según solicitó hoy Intrium Justitia en un comunicado.
El pago a tiempo de las facturas por parte de la Administración pública española equivaldría a una inyección económica de 9.300 millones de euros, una cifra que aliviaría la actual situación especialmente para las empresas que en el 90% de los casos recibe los pagos con retraso.
El director general de Intrium Justitia, Luis Salvatierra, explicó que "los plazos máximos de pagos deberían respetarse, y en caso de que el plazo se supere deberían aplicarse las medidas establecidas por Ley para mitigar los perjuicios por los retrasos. Estas medidas no se están ejecutando mayoritariamente en la actualidad".
Así, los expertos en la gestión de créditos piden al Gobierno que regule los plazos a cumplir en el pago de las facturas en la Ley de Economía Sostenible.
La administración pública española tarda 139 días en efectuar sus pagos, un plazo que en el caso de las empresas se sitúa en 98 días y 57 días en el caso de los particulares. En el resto de Europa estas mismas cifras disminuyen hasta los 67 días de media de las administraciones públicas, los 57 de media de las empresas privadas los 41 días de los particulares, según el informe 'Índice de Riesgo 2009' elaborado por Intrum Justitia.
