MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las 4.000 administraciones de Lotería que hay en España están hoy llamadas a secundar el cierre patronal propuesto por la Mesa de Asociaciones de Administraciones de Lotería, en la que se agrupan las asociaciones ANAPAL, APLA y Fenapal, para protestar por los planes de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para introducir cambios en el sector.
Los 'loteros' se quejan de que el Gobierno pretende llevar a cabo "el tercer mayor proceso de privatización" en España, después del de los hidrocarburos y el tabaco, "de espaldas a la sociedad", explicó a Europa Press el presidente de la mesa de asociaciones, Manuel Izquierdo, quien afirmó haber recibido "cientos" de correos de administraciones respaldando el cierre de hoy.
En este sentido, Izquierdo se quejó de que el Gobierno ha aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de este año dos disposiciones adicionales que, a su juicio, "abren la puerta a la privatización del sector" y están "orientadas a dejar en pocas manos privadas" la gestión de los 3.000 millones de euros que cada año reporta el juego público a las arcas del Estado.
Ambas disposiciones implican que las nuevas administraciones de loterías firmaran un contrato mercantil con Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en lugar de la concesiones administrativas que tenían hasta ahora, y las administraciones que actualmente están funcionando podrán elegir si continuar con el antiguo sistema o pasarse al nuevo.
Los 'loteros' critican que la inclusión de estas disposiciones en los Presupuestos, antes de aprobar una Ley de Juego Público, supone una "política de hechos consumados" y un intento del Ejecutivo de cambiar la legislación del sector evitando el debate en el Parlamento y en la opinión pública.
Además, aseguran que LAE pretende vender la Lotería Nacional a través de máquinas expendedoras, lo que, según sus cálculos, podría suponer el cierre de 1.000 puntos de venta en un año y que los ingresos del Estado se reduzcan a menos de 1.000 millones de euros. "Vemos en peligro los billetes de Lotería Nacional", señaló Izquierdo.
PIDAL NO SECUNDA EL CIERRE
No obstante, no todos los 'loteros' están de acuerdo con el cierre. La Plataforma Independiente de Administraciones de Lotería (Pidal) aseguró hoy que el cierre no está "ni pactado, ni consensuado, ni debatido". "Sólo se ha informado y movilizado a la gente con falacias y alarmas", se quejó la asociación en un comunicado, en el que asegura que existen "otros cauces y medidas" para sensibilizar a LAE sobre la problemática de los 'loteros'.
Para esta asociación, es necesario cambiar algunas de las reglas de juego del sector ya que "los usos y costumbres de la sociedad están cambiado" y los juegos se tienen que adaptar a esta evolución. "Hay causas objetivas que nos impulsan al cambio: ya no existen los monopolios, estamos en Europa y ha habido una autentica revolución tecnología", señala la asociación, que no opina como el resto que la intención de LAE sea privatizar completamente el sector.
"LAE nos ha garantizado por escrito que los juegos seguirán teniendo la garantía del Estado y nuestro vínculo como administradores será con LAE. Esas acusaciones de que la gestión quedará en manos de multinacionales carece de pruebas. Cuando dicen que van a poner el juego publico en manos privadas, nosotros nos preguntamos ¿Qué más manos privadas si nosotros ya somos empresarios autónomos?", se preguntan desde Pidal.
Por su parte, directivos de LAE han negado en diversas ocasiones que se vayan a instalar máquinas expendedoras para vender la Lotería Nacional en bares o gasolineras, y aunque han reconocido que sí se va a implantar máquinas en los puntos de venta oficiales para vender Lotería Nacional, han señalado que sólo se sustituirá el tradicional billete por un resguardo cuando el consumidor quiera un número concreto que esté disponible en otro punto de España.
Asimismo, según LAE, las dos disposiciones transitorias que han motivado el cierre patronal son consecuencia de la Ley de 2007 de Contratos del Sector Público.
Actualmente, de acuerdo a los 'loteros', el juego público da empleo directo a alrededor de 12.000 personas directamente, y hasta 25.000 de forma indirecta, que se distribuyen en 4.000 puntos de venta en toda España. Estas administraciones facturan al año en torno a 8.300 millones de euros, de los cuales alrededor de 3.000 van directamente a las cuentas del Estado.
Los juegos que gestiona LAE actualmente --Lotería Nacional, Primitiva, Quiniela, etc-- representan el 33 por ciento del negocio del juego en España, mientras que el resto se distribuye entre las 'máquinas tragaperras', los casinos y los bingos, señaló Lamata. Por contra, el porcentaje del juego público en el resto de países europeos ronda el 20 por ciento.
