Italia y Polonia lideran la oposición a las propuestas de Bruselas
LUXEMBURGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete no lograron hoy acercar posturas sobre el reparto nacional de los objetivos que se ha fijado la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, el denominado triple 20 para 2020 (20% de reducción de emisiones, 20% de cuota de renovables y 20% de ahorro energético).
Italia y Polonia lideraron la oposición a las propuestas presentadas por la Comisión Europea con el argumento de que tendrán un impacto excesivo sobre la industria comunitaria en un momento de crisis, según informaron fuentes diplomáticas. Y ello pese a que los jefes de Estado y de Gobierno ratificaron la semana pasada en la cumbre de Bruselas los objetivos y se comprometieron a llegar a un acuerdo en diciembre.
La ministra italiana de Medio Ambiente, Stefania Prestigiacomo, pidió una cláusula de revisión cuyo objetivo sería analizar de nuevo en profundidad en 2009 los costes que supondrá la reducción de emisiones para la economía. El objetivo de la cláusula sería poder cumplir formalmente el compromiso de llegar a un acuerdo en diciembre. Pero en la práctica significaría que la negociación podría reabrirse el año que viene una vez que se haya realizado un nuevo análisis de costes.
De acuerdo con los cálculos del Gobierno de Roma, las medidas de la UE costarán un 1,14% del PIB italiano de aquí a 2020. "El paquete tal cual está es insostenible, necesita cambios profundos", aseguró Prestigiacomo. Por su parte, el representante polaco insistió durante el debate de este lunes que lo importante no es respetar el calendario ratificado la semana pasada sino lograr un acuerdo "aceptable para todos", según las fuentes.
El ministro francés de Ecología y presidente de turno del Consejo, Jean-Louis Borloo, rechazó la cláusula de revisión que pide Italia y aseguró que el deseo de todos los Estados miembros es llegar a un acuerdo teniendo en cuenta los problemas particulares de cada país y "no aplazar el paquete". Borloo aseguró que existe una "fuerte voluntad" entre los Veintisiete de intensificar los trabajos y lograr un acuerdo en diciembre, antes de la cumbre de Naciones Unidas que se celebrará en Poznan (Polonia).
"La idea general es que la crisis financiera no evita que se produzca el cambio climático, que la preparación del futuro es más necesaria que nunca y que Europa debe mantener su liderazgo en este campo", insistió el representante francés. También el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, dijo que el acuerdo sobre el cambio climático es "parte de la solución" a la crisis financiera porque "reducirá la dependencia del petróleo importado y facilitará el ajuste de nuestras economías a un futuro inevitable de bajo consumo de carbono".
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se situó en la misma línea que el Ejecutivo comunitario y dijo que la crisis económica no puede ser una "disculpa" para retrasar o abandonar la lucha contra el cambio climático sino "todo lo contrario", ya que una de las causas de la desaceleración es la excesiva dependencia de los altos precios el petróleo que podría corregirse con una apuesta decidida por las energías renovables.
Espinosa explicó que España está "prácticamente de acuerdo" con las propuestas de la Comisión para el reparto nacional de los objetivos de lucha contra el cambio climático. En el caso de España, estas propuestas obligan a aumentar en 2020 hasta el 20% la cuota de energía procedente de fuentes renovables, lo que significa duplicar la producción actual (8,7% en 2005). Además, de aquí a 2020, España deberá recortar un 10% las emisiones de sectores como el transporte, la vivienda, la agricultura y la ganadería o los residuos respecto a los niveles de 2005, año que se toma como referencia.
A juicio de la ministra, "lo más importante ahora" es "tratar de cortar esas corrientes como puede ser la de Italia de retrasar el acuerdo post-Kioto".
FUGAS DE CARBONO
Los puntos de desacuerdo sobre el reparto nacional de los objetivos de lucha contra el cambio climático siguen siendo numerosos. Uno de los principales es el año de referencia que se utiliza para calcular la reducción de emisiones: los países de la ampliación reclaman que sea 1990 y no 2005 y alegan que de lo contrario no se tiene en cuenta el esfuerzo de reducción de emisiones que ya han realizado. El resto, entre ellos España, están de acuerdo con las propuestas de Bruselas en este campo.
En segundo lugar, muchos Estados miembros, entre ellos España, reclaman que se pueda hacer un mayor uso de los mecanismos de desarrollo limpio, es decir, que se permita a las empresas adquirir permisos de emisión mediante inversiones en países en vías de desarrollo para reducir allí las emisiones. La Comisión ha impuesto límites muy estrictos a este sistema de flexibilidad a partir de 2013.
El tercer tema de preocupación es el de las subastas de los permisos de emisión para las empresas, que hasta ahora se han distribuido de manera gratuita. La Comisión propone que a partir de 2013 el sector eléctrico pague el 100% de los derechos de emisión, mientras que para el resto de sectores industriales se subastaría únicamente el 20% de los permisos, aunque esta cifra iría aumentando progresivamente hasta el 100% en 2020.
Los antiguos 15 Estados miembros están de acuerdo con que se subasten todos los permisos para el sector eléctrico, mientras que los países de la ampliación piden rebajar esta cifra. Borloo explicó que la presidencia está dispuesta a estudiar "derogaciones de una amplitud y duración limitadas" para los Estados miembros con problemas específicos. Por lo que se refiere al resto de sectores, el ministro francés dijo que ya hay acuerdo sobre la propuesta de Bruselas de pasar de un 20% de subastas en 2013 a un 100% en 2020.
Otra cuestión que provoca inquietud, especialmente en Alemania, es el de las denominadas 'fugas de carbono', las posibles deslocalizaciones de empresas a países fuera de la UE que no apliquen normas tan estrictas de lucha contra el cambio climático. La propuesta del Ejecutivo comunitario señala que, si en 2010 no ha habido un acuerdo internacional de recorte de las emisiones, se buscará una solución para los sectores más vulnerables a la competencia internacional, como acero, aluminio o cemento.
Entre las posibles soluciones que se barajan se encuentran dar a estos sectores los derechos de emisión de manera gratuita y no mediante subastas o incluir a las importaciones en el sistema europeo de comercio de emisiones. Borloo explicó que ya hay acuerdo para fijar en la directiva los criterios cuantitativos y cualitativos para definir qué sectores estarían incluidos en este mecanismo. En 2009 se tomaría la decisión final y en 2010 se decidiría qué tratamiento darles.
Tampoco hay acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de destinar los ingresos de las subastas de derechos de emisión a la lucha contra el cambio climático.
