Economía/Macro.- La CEOE pide al Gobierno que las empresas puedan aplazar el pago de sanciones ante la falta de liquidez

Actualizado: miércoles, 12 noviembre 2008 19:21

Piden extender "durante el periodo de crisis" las bonificaciones a las conversiones de contratos temporales en indefinidos


MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la CEOE aprobó hoy un paquete de medidas urgentes para hacer frente a la "recesión" económica, en el que se pide al Gobierno que permita a las empresas aplazar con carácter extraordinario el pago de las sanciones impuestas por las administraciones públicas.

En el documento, titulado 'Medidas urgentes para la financiación de las empresas y el mantenimiento del empleo ante la recesión económica', la patronal señala que éstas y otras medidas permitirían paliar los problemas de tesorería que atraviesan las empresas que les "obligan", entre otras cosas, a echar mano de los expedientes de regulación, con las "graves consecuencias" que ello conlleva para el empleo.

Así pues, la CEOE pide también que, para empezar, las administraciones públicas paguen "puntualmente" las contraprestaciones económicas por compras y las contratas, y que las empresas no tengan que "adelantar" el pago del IVA antes de estos cobros.

En este mismo apartado, los empresarios solicitan el aplazamiento o fraccionamiento del pago periódico de impuestos como el IVA, Sociedades e IRPF, sin exigencia de garantías ni intereses de demora. "Especial relevancia tendría el aplazamiento por doce meses de las liquidaciones mensuales o trimestrales del IVA, mientras dure esta situación", añaden.

Por otro lado, el documento solicita igualmente el aplazamiento de pagos de deudas a la Seguridad Social, salvo por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, en general, "medidas adicionales, si fueran necesarias", en materia de liquidez, en acuerdo con las organizaciones empresariales que representen al sistema financiero.

INCREMENTAR EL SMI CON ARREGLO AL IPC PREVISTO.

En materia puramente laboral, la CEOE incluye en el documento reclamaciones tradicionales relativas a la regulación del empleo y salarios. Así, pide que el salario mínimo interprofesional (SMI) no aumente al ritmo previsto por el Gobierno --de 600 a 800 euros en la legislatura-- sino que se actualice de acuerdo con el IPC previsto (2%).

La patronal justifica esta petición para evitar incrementos del SMI que eleven el suelo salarial de cara a la negociación de los incrementos retributivos de 2009 en el ámbito de la negociación colectiva, así como las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

Precisamente, los empresarios piden una reducción de las cotizaciones sociales empresariales, ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 prevén un excedente en cotizaciones sociales cercano a los 8.000 millones de euros.

Por otro lado, la CEOE considera necesario extender "de manera coyuntural y durante el periodo de crisis" las bonificaciones a los supuestos de conversiones de contratos temporales en indefinidos, así como introducir una prórroga "excepcional" hasta 2010 de las bonificaciones para aquellos contratos cuya bonificación termine en 2008 y 2009.

Asimismo, las medidas incluyen la "flexibilización de los instrumentos de contratación y extinción laboral" y la mejora de la gestión y el control de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, cuyo gasto, señalan, incide sensiblemente en los costes sociales de las empresas. Por último, apuestan por favorecer la contratación a tiempo parcial, como "alternativa real" a la contratación temporal o al despido.

SALIR DE LA CRISIS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Mención especial dedica el documento aprobado hoy por la Junta Directiva al impulso de las infraestructuras y la absorción de viviendas sin vender, como vía para frenar la 'sangría' del empleo.

En primer lugar, la CEOE considera que las infraestructuras constituye una estrategia política contracíclica, que podría apoyarse en la financiación privada, para generar empleo y contribuir, en paralelo, al incremento de la productividad.

La patronal sabe que esta apuesta es costosa en términos presupuestarios, por eso señala que "su contribución a la creación de empleo justifica que el posible déficit público en que pueda incurrirse sea mucho más sano que el producido por puro gasto no generador de actividad".

Asimismo, la patronal considera que es "indispensable" para que pueda generarse nueva actividad en el 'ladrillo' absorber previamente el 'stock' de viviendas sin vender, actuando de manera directa sobre la demanda.

REBAJAR EL AJD Y EL ITP.

Así, apuesta por una serie de incentivos fiscales, como un tipo reducido en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (0,3%) y el Transmisiones Patrimoniales (3,5%) para incentivar esta demandas.

Por último, el documento mantiene una firme apuesta por la construcción de viviendas protegidas y por el impulso del mercado del alquiler como vehículo para evitar la pérdida de valor de los activos inmobiliarios, reforzando las ayudas a inquilinos y mejorando la seguridad en los contratos de alquiler.