CiU, IU-ICV-CHA, ERC y BNG piden la devolución de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Presidente del PP, Mariano Rajoy, con la portavoz del PP en el Congreso, Soraya
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 26 marzo 2012 20:27

El PSOE barajó la enmienda de totalidad pero al final decidió no presentarla

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los nacionalistas de CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y varios partidos del Grupo Mixto como Esquerra Republicana (ERC) y el BNG han registrado en el Congreso de los Diputados enmiendas de totalidad al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, pidiendo la devolución del texto al Gobierno, según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias al cierre del plazo, que concluyó a las ocho de la tarde de este lunes.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será el encargado de presentar este jueves el proyecto ante el Pleno del Congreso, en lo que será el primer debate parlamentario del proyecto de ley que desarrolla la reforma constitucional promovida en agosto de 2011 por PSOE y PP.

A las previsibles enmiendas de devolución de IU-ICV-CHA, BNG y ERC, que ya se opusieron a introducir el principio de estabilidad en la Constitución, se ha unido también la de CiU, que en su momento no quiso participar en la votación, mientras que el PSOE mantuvo abierta la posibilidad de sumarse hasta última hora, pero finalmente lo desechó.

PSOE: NO AL DÉFICIT CERO

A lo largo de los últimos días, el PP se ha dedicado a convencer al PSOE de que no presentara la enmienda de totalidad, máxime cuando en agosto de 2011 era quien gobernaba y quien impulsó la reforma acelerada de la Carta Magna a instancias de la Unión Europea, pero los socialistas tenían dudas al considerar que el enunciado del proyecto de ley preparado por el PP contradice lo que se pactó el pasado año.

Según los socialistas, con la reforma constitucional se acordó que el déficit podría llegar al 0,4% del PIB, pero en el texto del Gobierno se consagra el 'deficit cero' como principio rector, restringiendo aún más la capacidad de maniobra de los Gobiernos. En aras de limar asperezas en estos días, el PSOE ha decidido a última hora no registrar la enmienda de totalidad.

Desde CiU se justifica la enmienda en que el proyecto del Gobierno del PP "rompe" con el equilibrio de los tratados europeos que hablan de compaginar la estabilidad presupuestaria con el estimulo del crecimiento económico, pues creen que ese segundo pilar no está recogido.

Pero además, y según se informó a Europa Press en fuentes nacionalistas, hay reparos en cuanto al margen de maniobra de las comunidades pues los nacionalistas consideran que, si la UE permite a los Estados miembros flexibilidad sobre deuda, ese mismo trato deberían recibir las comunidades autónomas por parte del Estado.

LA IZQUIERDA, EN CONTRA

Por su parte, la Izquierda Plural también ha optado por la vía de la enmienda a la totalidad, que en este caso no obliga a presentar un texto alternativo, sino que únicamente solicita la retirada del proyecto de ley elaborado por el Gobierno.

Izquierda Unida e ICV ya se opusieron frontalmente a la reforma para constitucionalizar la lucha contra el déficit impulsada por PSOE y PP el pasado verano e insisten en que este tipo de políticas se han demostrado inútiles para atajar la crisis económica.

"Las estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica y desarrollar el Estado social. Porque el Estado no solo invierte en infraestructuras físicas, sino también en justicia, investigación, sanidad o educación que son gastos esenciales para el desarrollo económico del país y, por tanto, para fortalecer también los ingresos del Estado", sostiene la Izquierda Plural en su enmienda, recogida por Europa Press.

También ERC ha optado por la vía de la enmienda de devolución contra una normativa que, a su entender, "pretende trasladar a las comunidades autónomas y corporaciones locales la austeridad en gasto social impuesta por los mercados y los líderes políticos neoliberales de las economías estatales más ricas de la UE" y que además "podría alargar aún más la recesión económica".

Los independentistas catalanes creen que los ajustes que introducirá esta legislación se traducirán en "recortes directos en derechos", ya que afectarán fundamentalmente a las administraciones autonómicas y municipales, que son las que mayor parte de sus presupuestos destinan a gasto social.

Además, critican los objetivos de endeudamiento impuestos a las comunidades autónomas en el proyecto de ley por ser "absolutamente injustos" tanto en la forma en que se reparte entre administraciones --el mayor recorte es en las autonómicas pese a que el déficit y la deuda se acumulan sobre todo en la Central-- como en el peso para cada región, ya que "no son esfuerzo equitativos ni proporcionales, ni guardan ninguna correspondencia con el esfuerzo fiscal desarrollado en cada territorio o sus condiciones estructurales de financiación".

Asimismo, el BNG ha presentado también su propia enmienda de devolución, a la que ha tenido acceso Europa Press. Los nacionalistas gallegos la justifican en que la Ley de Estabilidad supone "renunciar al recurso del déficit como instrumento de política económica" y además, niega autonomía financiera a las comunidades a las que concibe como "una simple descentralización administrativa".

Por contra, la formación nacionalista apuesta por priorizar otra materias como el gasto y el gasto social y la presión fiscal y censura que se haya constitucionalizado una receta "neoliberal", como es el férreo control de déficit, buscando las soluciones a la crisis en las causas que la han producido.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El proyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo, y este jueves pasará su primer trámite en el Congreso, un día después de que se acabe el plazo también para la presentación de enmiendas parciales. Tras los debates correspondientes en la Cámara baja, pasará al Senado y luego volverá a la Carrera de San Jerónimo, donde será aprobado de forma definitiva.

Esta norma, que se deriva del acuerdo constitucional firmado por PP y PSOE, obliga a las administraciones públicas a mantener su deuda en un máximo equivalente al 60 por ciento del PIB y a tener déficit cero a partir del año 2020, un objetivo más estricto que el acordado pactaron este verano los dos partidos mayoritarios, fijado en un máximo del 0,4 por ciento para el déficit estructural.

Ahora, este límite sólo se permitirá para las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

El proyecto de ley contempla asimismo la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, algo que las formaciones de izquierdas rechazan, y además obliga a todas las administraciones a aprobar un techo de gasto, similar al de la Administración Central, un punto de discrepancia con los nacionalistas.