MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con 321 votos a favor y una abstención, el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre la Declaración de la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2006, que insta al Gobierno a aportar "información suficiente y adecuada" para verificar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de cara a la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.
El Dictamen se ha elaborado en base al informe presentado en febrero por el presidente del órgano fiscalizador, Manuel Núñez, y constata que el resultado del ejercicio en términos de Contabilidad Nacional arrojó un superávit de 18.886 millones de euros, lo que representa un 1,9% del PIB, "con una desviación positiva respecto al objetivo fijado del 1,6%".
Asimismo, en ese año la Cuenta General registró un resultado positivo de 14.996 millones de euros, frente a la estimación inicial de una cifra negativa de 15.480 millones de euros. Esta desviación de 30.476 millones de euros muestra que se mejoraron las previsiones en todos los componentes del Presupuesto del Estado.
El Tribunal señala que las "irregularidades de materia contable y jurídica" en la Declaración afectan a este resultado presupuestario por un importe de 1.248 millones de euros, elevándolo hasta los 16.244 millones de euros estrictamente imputables al ejercicio de 2006, lo que lleva a un saldo presupuestario del ejercicio de 9.344 millones de euros.
Las desviaciones totales resultaron positivas en todos los subsectores, destacando la Administración General del Estado, con 24.722 millones, y las entidades del sistema de la Seguridad Social, con 3.321 millones de euros.
Asimismo, constata que se excedió el límite del techo de gasto no financiero aprobado para ese año, y en base al cual se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado, aunque para el Tribunal se trata de una cuantía "muy poco significativa" de cuatro millones de euros, frente a los 133.951 millones estimados inicialmente.
Núñez aseguró en febrero que este incumplimiento es competencia de la Intervención General del Estado (IGE), y recordó que el Tribunal tiene en marcha una fiscalización de la transparencia en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, "que aún no ha podido realizarse".
INFORMACIÓN REELVANTE SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL.
El total del endeudamiento de la Administración del Estado al cierre del año alcanzó la suma de 342.034 millones de euros, un 0,76% menos respecto del saldo del ejercicio anterior.
No obstante, el Tribunal destaca que el Gobierno sigue sin incluir en su contabilidad el importe de la deuda de 189 millones de euros contraída por el Grupo Barcelona Holding Olímpico (HOLSA), y las que el Estado mantenía con Navantia, por 995 millones de euros, con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por 225 millones y con Renfe Operadora, por 81 millones de euros.
Por su parte, las Entidades del Sistema de la Seguridad Social registraron un endeudamiento de 34.719 millones de euros, lo que supone un ligero descenso del 0,9% respecto al del ejercicio anterior.
No obstante, el Dictamen exige al Gobierno que este organismo y sus entidades gestoras mejore la elaboración de sus cuentas, homologándolas al resto del sector público y aportando información "relevante y suficiente" en relación con los gastos de financiación afectada.
DEFICIENCIAS CRÓNICAS.
La Cuenta General del Estado, elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE), está formada por los documentos relativos a la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional.
En este sentido, el Tribunal lamenta que se siguen constatando las cónicas deficiencias en la presentación de las cuentas registradas en ejercicios anteriores. En este sentido, señala que, si bien se ha avanzado en la cuenta general del sector público, no se ha hecho "nada" en lo referente a las otras dos.
