MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Fomento del Congreso ha aprobado este martes, con los votos de PP y CiU, una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno a seguir fomentando la colaboración público-privada en la construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras públicas.
La diputada 'popular' Concepción de Santa Ana ha explicado que su objetivo con la iniciativa es "seguir fomentado la colaboración público-privada como mecanismo útil para la construcción, financiación, mantenimiento y gestión de infraestructuras, de modo que la iniciativa privada pueda contribuir a la reactivación económica y la creación de empleo".
Y es que en el actual marco de "restricción presupuestaria", los 'populares' creen que es "inviable" pensar en poder mantener niveles de inversión en la media de las legislaturas previas a la crisis, por lo que "hay que abrir esas inversiones a otros marcos de inversión privada para mantener algo tan importante como el ritmo inversor".
"Es imprescindible seguir impulsando la construcción y mantenimiento de infraestructuras rentables y que contribuyan a la economía, y para eso es preciso desarrollar proyectos en los que se transfiera el riesgo al sector privado para poder continuar invirtiendo de forma compatible con el control del déficit, así como incentivar fórmulas de contratación ventajosas para el sector privado", ha añadido.
HACE FALTA UN NUEVO MARCO LEGAL
Sin embargo, el socialista Manuel Pezzi cree que ésta es "la típica iniciativa de cupo" que el PP hace para "tener a la Comisión ocupada con un debate sin sentido" y como "canto al sol". "El problema real es que las inversiones en infraestructuras en España han caído de forma brutal de modo que hoy la prevista en los Presupuestos es absolutamente ridícula y no permite mantener la obra pública ni crear puestos de trabajo, ni dar a España la competitividad que había antes", ha dicho.
A renglón seguido, ha abogado por que la inversión privada se rija por el "principio de adicionalidad", es decir, que se haga "donde sea necesario por la complejidad del proyecto o por el volumen de recursos a movilizar". "Ustedes quieren sustituir la inversión pública por la privada, pero lo hacen de forma poco clara", ha acusado.
Por eso, el principal partido de la oposición aboga por aprobar un "marco legal de colaboración público-privada" que evite los "desmanes" que han tenido lugar, por ejemplo, "en el sector sanitario de Madrid o con las autopistas de peaje", así como por acordar en las Cortes un Plan Nacional de Infraestructuras que indique los sectores donde hace falta colaboración público-privada, en qué condiciones y con una normativa "transparente, eficaz y que preserve el interés público".
SÍ, PERO NO TODO
Isabel Sánchez Robles, del PNV, coincide con este diagnóstico de que hace falta un "contexto regulatorio seguro tanto desde el punto de vista del interés general y contractual, como desde el punto de vista económico-financiero", en el que se definan "modelos de aplicación que establezcan un equilibrio que impida los desmanes" que han tenido lugar en ciertos sectores.
"Estoy de acuerdo en que la colaboración público-privada puede ser una forma interesante para financiar servicios en periodos de especial crisis, pero no podemos ir a una externalización plena de servicios y obras como en muchos casos pretende el PP", ha añadido, calificando de "canto al sol" la propuesta en un país que ya es "referente en materia concesional de obra pública".
Rosana Pérez, del BNG, se pregunta "a qué viene" una iniciativa para instar al Gobierno a "seguir haciendo algo que ya hace" y, además, ha lamentado el abuso que se hace del recurso de la colaboración público-privada, no sólo infraestructuras sino en otros ámbitos como el sanitario, porque a su juicio este modelo "encarece el coste para los ciudadanos" sin que la calidad de las infraestructuras pase de "pésima" y sin que se haga un mantenimiento adecuado de las mismas.
