MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos del Congreso de los Diputados trabajan con la previsión de empezar a tramitar la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU en la primera quincena de febrero, después de que la federación catalana retirara el recurso que había elevado ante la Mesa de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio contra las enmiendas presentadas por el PSOE al texto.
Según informaron a Europa Press en fuentes de CiU, su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre, tomó esta decisión para no retrasar el debate de la ley, que de este modo arrancará en Comisión nada más iniciarse el primer periodo ordinario de 2010, en el que está previsto que llegue a la Cámara Baja el proyecto de Ley de Economía Sostenible.
Las enmiendas socialistas piden la eliminación de todos los artículos del texto de CiU salvo dos, que proponen modificar para que se limiten a instar al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad.
Sánchez Llibre ha denunciado varias veces lo que considera una "jugarreta malintencionada y perniciosa" por parte del Gobierno y del PSOE para "anular" el contenido de su proposición de ley presentada por su formación para allanar el camino a la "iniciativa propagandística" de la Ley de Economía Sostenible.
Los nacionalistas catalanes cuentan de entrada con PP y PNV para rechazar las enmiendas del PSOE, si bien el apoyo de ERC, IU, ICV y de algunas formaciones del Grupo Mixto puede dar la victoria a los socialistas.
ADELANTARÍA DOS AÑOS LA REDUCCIÓN DE PLAZOS.
La proposición de ley de CiU plantea, al igual que el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, con la diferencia de que elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación.
Asimismo, en el caso de las administraciones públicas, CiU fija un plazo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010, mientras que el Gobierno fija periodos medios de 50 y 40 días en 2010 y 2011, con lo que la plena efectividad de la medida no tendría lugar hasta 2013, dos años después de lo que propone la federación catalana.
VÍA LIBRE AL EJECUTIVO.
De prosperar, la estrategia del PSOE dejaría manos libres al Ejecutivo para diseñar su propia estrategia de lucha contra la morosidad sin que ésta se vea condicionada por un texto legislativo propuesto por un grupo parlamentario que va en la misma línea, como ya ocurrió con la Ley de Fomento del Alquiler que regula el 'desahucio exprés' y que el Gobierno se vio obligado a pactar precisamente con CiU a través de un texto en el que se refundieron el documento de los nacionalistas y el proyecto de ley del Gobierno.
Según Sánchez Llibre, la aplicación de la reforma que plantea CiU garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de la principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales de pymes y las asociaciones de autónomos como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
