MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó por unanimidad los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2007-2009, en una reunión de carácter preceptivo. El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, comunicó que se fijó un déficit del 0,1% del PIB para 2007 y del 0,0% para los dos años siguientes.
Solbes señaló que la cifra es consecuencia de algunos planes de saneamiento que ya han sido presentados por algunas comunidades. Por su parte, la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar Del Olmo, dijo al término de la reunión que los consejeros del PP excluyeron abordar el cuadro macroeconómico en la revisión del Plan de Estabilidad por considerar "irrisorias" las previsiones del Gobierno sobre el precio del petróleo. Mientras, el Consejero de Economía balear, Lluís Ramis de Ayreflor, resaltó que existen "dudas" sobre los cálculos del Gobierno acerca de la evolución de la inflación.
En el turno de ruegos y preguntas, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, informó de los criterios generales que se van a seguir para el reparto de los fondos estructurales a las CC.AA. para el período 2007-2013, que ya expuso el propio Solbes en la comparecencia en la Comisión de comunidades autónomas del Senado hace unos días.
En esta línea, Solbes manifestó que "el esfuerzo que se pedirá a las CC.AA. estará en línea con la posición de negociación" que el Ministerio ha mantenido en las perspectivas financieras en este período. Se espera que las regiones de 'facing in' (aquellas que no han salido de objetivo 1) no tengan un recorte de fondos superior al 33%, y las de 'facing out' (aquellas que han salido por efecto estadístico del objetivo 1) del 50%.
El Gobierno pretende además lograr la estabilidad presupuestaria mediante la reforma de las leyes en esta materia, que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Esta reforma persigue una aplicación más ajustada del principio de estabilidad, vinculado al ciclo económico, y fomentar una mayor participación de las administraciones en la determinación de los objetivos presupuestarios.
