Solbes afirma que el primer impuesto que el consorcio catalán acordará, una vez entre en vigor, será el IRPF
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, y el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, presidieron hoy el acto de Constitución de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del Estado y la Generalitat de Cataluña, en el marco del nuevo Estatuto de Cataluña, que tuvo lugar en el Ministerio de Economía y Hacienda.
En concreto, Solbes subrayó que el presidente de la delegación del Estado ocupará este cargo durante el primer año y a partir de ese momento, pasará a manos del presidente de la delegación de la Generalitat.
En el acto, Solbes y Castells dejaron claro que se ha empezado a "trabajar bilateralmente" y que se pondrá en marcha "un reglamento interno", en el que se designará a la directora general de financiación de haciendas territoriales y comunidades autónomas, y por parte de la Generalitat se hará otro nombramiento con esta responsabilidad.
Recalcó que en el día de hoy, se ha puesto en marcha "el desarrollo del Estatuto de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en este texto. "Es el principio de un periodo largo y complejo y un día importante, al cumplir de buena fe el contenido" de la norma catalana, señaló.
Por su parte, Castells secundó las palabras de Solbes y precisó la función principal de la comisión, que es "desarrollar el Estatuto desde el punto de vista de Hacienda y exposiciones conexas". Esta comisión tiene en este sentido "un papel nuclear", según dijo.
Anunció que, para cumplir con los plazos previstos por la nueva norma catalana, trasladó a Solbes "una nota de trabajo" con los puntos a considerar, teniendo en cuenta el calendario concreto existente para algunos de ellos, como es una agencia tributaria de Cataluña, que debe estar creada en agosto de 2007 y el consorcio inscrito en este marco, que deberá estar constituido en el mismo periodo de 2008.
LA "COMPLEJIDAD" DEL CONSORCIO.
En este sentido, el vicepresidente económico explicó que la puesta en marcha de ese consorcio es "compleja y necesita la previa puesta en marcha de la Agencia". En este contexto, destacó que el primer acuerdo que se alcanzará en el futuro consorcio será el impuesto del IRPF.
A esta afirmación de Solbes, Castells añadió la importancia de elaborar éste consorcio, para que administre impuestos estatales en función de su naturaleza, por lo que recalcó que hay que desarrollar "el Estatuto y alcanzar acuerdos".
Esta situación requiere, a su juicio "un punto de encuentro que sea realista", como es el impuesto del IRPF, y se mostró optimista con el cumplimiento de los plazos establecidos en la norma que regula a esta comunidad autónoma.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros ya aprobó que formarán la comisión los secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos y de Cooperación Territorial, los secretarios generales de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, el director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el director general de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas, que ostentará la secretaría.
DOS COMISIONES MÁS PARA CUMPLIR CON EL ESTATUT.
Esta es una de las tres comisiones bilaterales que se deben crear en cumplimiento del nuevo Estatuto catalán y su tarea principal será estudiar la nueva financiación catalana derivada de la reforma estatutaria.
Otra de las comisiones será de carácter general y en ella se tratará por ejemplo el traspaso de competencias. Esta comisión se creará antes del 1 de marzo, cada delegación será de seis miembros y estarán encabezadas, respectivamente por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y por el consejero catalán de de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura. La tercera comisión bilateral se dedicará a las infraestructuras y tendrá que constituirse antes del 31 de marzo.
Además, ambas partes han acordado crear un órgano para revisar conjuntamente las iniciativas legislativas de ambas partes antes de que se conviertan en proyectos de ley y evitar conflictos de competencias.
