MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Economistas considera "imperioso" impulsar nuevas reformas que vayan mejorando la solución particular del tratamiento de las insolvencias en la regulación actual, por lo que ha realizado una serie de propuestas, entre las que figura la necesidad de reordenar la administración concursal, con la creación del registro oficial de administradores concursales.
Además, considera "preciso" abordar nuevos escenarios con profundización de los ya existentes en geografías como el consumidor y las familias, las propuestas de convenio anticipado, los escenarios de la refinanciación, el tratamiento de las micro y pequeñas empresas y, el problema de la cantidad y la calidad de los concursos instados.
De la misma forma, propone abordar el problema de la cantidad y calidad del concurso a partir de una propuesta de concursos necesarios impulsados por los registradores y manteniendo los jueces de lo Mercantil la competencia para la designación de los administradores concursales.
Para mejorar los acuerdos de refinanciación bancaria, proponen mejorar los aspectos más prácticos de la homologación, volviendo a ubicar las mismas en sede judicial frente a la competencia de simple constancia actual del secretario judicial e incluyendo competencias de materialidad a la hora de pronunciarse sobre dicha homologación.
Igualmente, creen que habría que seguir profundizando y transformar definitivamente la figura del experto independiente, pasando de sus funciones, competencias y responsabilidades actuales de técnico emisor del informe, a agente monitor del procedimiento.
Asimismo, consideran "valioso" incorporar al conjunto de las entidades financieras --y no solo a la Sareb--, simplificar el procedimiento y eliminar las dobles mayorías exigidas respecto de los acreedores no implicados en la propia refinanciación y que el esquema de protección respecto al concurso necesario se ocupe también de la paralización de ejecuciones.
EXTENDER LOS PLAZOS DE PARALIZACIÓN DE EJECUCIONES
En la refinanciación homologada, no ven "razonable" contemplar un periodo de paralización de ejecuciones promovidas por entidades financieras (de un máximo de tres años) y sugieren plazos mucho más viables que deberían situarse en el horizonte de la década.
Además, creen que se podría seguir el mismo plazo al respecto de la paralización de ejecuciones que el permitido en las refinanciaciones,
incorporar a la protección de las ejecuciones a los propios avalistas o garantes y regular la paralización de ejecuciones individuales.
En cualquier caso, creen que había que reformar la Ley Concursal, puesto que es la razón de la pobre acogida de las fórmulas de refinanciación homologada. En este sentido, proponen varias medidas como modificar en profundidad la posición de las administraciones públicas tanto en los créditos contra la masa como en las posibles soluciones conveniales y reorganizar en profundidad la institución de la administración concursal.
Asimismo, piden construir una gestión en escenarios aparte de los procesos de liquidación inmediatos, reformular la sección de calificación del concurso y de las responsabilidades patrimoniales, reedificar la lógica del orden de pago de los créditos contra la masa, cambiar la dinámica de la venta de las unidades productivas, transformar el convenio anticipado de su situación actual procesal a una solución procedimental y regular el convenio de asunción de forma específica, eliminando las trabas actuales.
