MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
España paga a las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's (S&P) en torno a medio millón de euros anuales por las calificaciones de la deuda pública española y por las emisiones de divisas, según datos del Gobierno a los que tuvo acceso Europa Press.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha venido contratando los servicios de estas dos agencias de calificación, dado que muchos inversores internacionales requieren que la deuda pública española tenga una calificación mínima de una o dos agencias para poder adquirirla.
Según indica el Gobierno, este requisito es especialmente importante en las emisiones de divisas, al tiempo que destaca que, además de la deuda del Estado, la calificación que hacen estas agencias se extiende a todos los activos que se puedan beneficiar del aval o garantía del Estado.
En 2009, los pagos que realizará España a Moody's ascenderán a 85.000 euros anuales, más 40.000 euros por cada emisión de divisas (con un máximo anual de 175.000 euros) y sin que se pueda superar, en ningún caso, el tope de 250.000 euros.
Por su parte, los emolumentos de la agencia S&P por calificar la deuda española ascienden a un montante fijo de 280.000 euros anuales, independientemente de las emisiones que se realicen.
S&P REBAJA LA CALIFICACIÓN Y MOODY'S LA MANTIENE.
Precisamente este año, S&P ha modificado la calificación a largo plazo de España, rebajando un escalón el rating ('AA+' con perspectiva estable) debido a las condiciones económicas y financieras de mercado, que "han destacado debilidades estructurales en la economía española que son inconsistentes con una posición de 'AAA'", considerada la mejor calificación crediticia.
Según S&P, el recorte del rating refleja las expectativas de que las finanzas públicas sufrirán, en sintonía con el previsto descenso de las perspectivas de crecimiento de España. Por ello, considera que España debe actuar con mayor responsabilidad en sus políticas fiscal y macroeconómicas para reducir el "insostenible" déficit exterior, cercano al 10% del PIB.
En cambio, Moody's, que también actualizó hace apenas unas semanas el rating de España, ha mantenido la máxima calificación de la deuda española ('AAA' con perspectiva estable), coincidiendo en este caso con Fitch, que otorga a España la misma nota.
Moody's entiende que, pese a que la economía española ha recibido un golpe "severo", los daños no serán permanentes, al tiempo que destaca que el Gobierno está adoptando un programa económico "creíble" para controlar el déficit público a medio plazo.
La agencia había expresado con anterioridad su preocupación respecto a la robustez del modelo de crecimiento de España, así como de la deuda pública, ante el "colapso" del mercado español de la vivienda, pero considera que estas preocupaciones inmediatas "se han disipado en gran medida".
En cualquier caso, considera poco probable que España logre reducir el saldo negativo de las cuentas públicas por debajo del 3% del PIB marcado desde Bruselas para antes de 2012, teniendo en cuenta que este año el déficit se acercará al 10% del PIB.
NUEVA REGULACIÓN EN LA UE.
El papel que han jugado las agencias de calificación en el estallido hace dos años de la crisis financiera internacional, al no advertir de las prácticas opacas de algunas entidades y activos financieros, ha motivado que la UE aprobara el pasado mes una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de rating, tras las insuficiencias detectadas a raíz de la crisis financiera.
La nueva norma pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.
El reglamento prevé que el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR), un órgano consultivo creado en 2001, actúe a modo de ventanilla única en la que tendrán que registrarse las agencias de calificación que quieran operar en la UE. El CESR tramitará todas las solicitudes de registro e informará a las autoridades competentes en todos los Estados miembros.
