BRUSELAS, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
España es el país de la Unión Europea (UE) donde se registraron en los últimos años más litigios ante los tribunales nacionales entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas a propósito de reclamaciones relativas a ayudas públicas, indicó la Comisión Europea en un informe hecho público hoy.
El estudio analiza el recurso a los tribunales nacionales de los 15 antiguos Estados miembros por parte de organismos públicos y actores privados debido a irregularidades y quejas relativas a la autorización de ayudas de Estado y concluye que desde 1999 estos casos se han triplicado, pasando de 116 a 357.
Los países con más actividad en este sentido fueron Francia, Italia y Alemania, seguidos de Países Bajos, España, Bélgica y Reino Unido. Asimismo, el informe indica que sólo en Francia, Italia y España se registraron litigios entre la Administración central y autonómicas, donde el caso español es el más numeroso, con 16 casos de un total de 25.
De manera global, la Comisión atribuyó a España un total de 32 procesos judiciales desde 1999 por cuestiones relativas a ayudas de estado, ya fuese por denuncias del sector público o el privado.
El Ejecutivo comunitario reconoce la competencia de los tribunales nacionales a la hora de asegurar que los Estados miembros cumplen con sus obligaciones por lo que respecta a la autorización de las ayudas de estado y su devolución en los casos en que éstas son declaradas ilegales.
El informe concluye que las empresas recurren cada vez más a los tribunales para protestar contra las cargas financieras que les impone su país, más que para reclamar la ilegalidad de las ayudas autorizadas a sus competidores.
DEVOLUCIÓN DE AYUDAS ILEGALES.
Asimismo, indica que los Estados miembros "deberían acelerar" la puesta en marcha de decisiones relativas a la devolución de las ayudas que son declaradas ilegales por Bruselas debido a que contravienen a las normas de competencia.
A este respecto, el estudio constata que la devolución de ayudas continúa enfrentándose a algunos "obstáculos", como la "falta de claridad y de identificación" de los órganos que son responsables en cada Estado miembro de tomar una decisión sobre el reembolso. Igualmente, se observan dificultades en los países europeos a la hora de calcular la cantidad que debe ser devuelta. Existe también una "ausencia" de un procedimiento "claro y predeterminado" para reembolsar estas cantidades.
En este escenario, el informe hace una serie de recomendaciones, la primera de las cuales relativa a que los tribunales nacionales deberían atribuirse todos los aspectos de la aplicación de la legislación sobre ayudas nacionales de la Comisión Europea.
En base a la disparidad de procedimientos detectados en cada país, propone la creación de unos "niveles mínimos" para que la empresa competidora de otra que ha recibido una ayuda ilegal pueda obtener una "rápida recuperación de la ayuda", "condiciones uniformes" en todos los Estados miembros para compensar los daños que provoquen estas situaciones y la adopción de normas de "buenas prácticas" para la recuperación de las ayudas de Estado.
