MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Estado "malgastará" más de 10 millones de euros en los próximos cinco años en la externalización y subcontratación de empresas privadas para efectuar las auditorías de organismos y entes públicos estatales, un gasto que resulta "excesivo" e "innecesario", ya que muchas de ellas podrían ser realizadas directamente por la Intervención General del Estado con sus propios recursos, según afirmó hoy el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2010, el Ministerio de Economía y Hacienda dedicará en 2009 más de 2,6 millones de euros a la subcontratación de auditoras privadas, mientras que durante los cuatro próximos años el importe medio destinado a esta actividad se rebajará ligeramente, hasta situarse en cerca de dos millones de euros anuales.
Con el déficit y el endeudamiento del Estado "en niveles históricos", Gestha considera "insólito" que se encargue a empresas privadas las auditorías de organismos estatales, con el 'sobrecoste' que supone para las arcas públicas, máxime cuando el Ministerio de Economía y Hacienda cuenta con técnicos suficientes para realizar esta actividad "y debería dar ejemplo de austeridad".
Sin embargo, la Intervención General justifica la contratación de empresas privadas en la "insuficiencia de medios", como constató en una Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de mayo de 2005, cuando lo que en realidad pretende, según Gestha, es la "privatización parcial" de un servicio público.
Este colectivo considera que esta declaración de insuficiencia de medios se contradice con la "constante" y "progresiva" limitación que en los últimos tiempos están registrando en sus competencias y atribuciones los cerca de un millar de técnicos que actualmente trabajan en la Intervención General, de los cuales una buena parte se encuentran "infrautilizados".
Los técnicos de Hacienda explican que esta contratación con empresas privadas de auditoría "no es una práctica nueva", sino que se ha convertido en los últimos años en una "práctica habitual" del Ministerio de Hacienda. En la actualidad, denuncian, la mayoría de las empresas y entidades públicas, especialmente aquellas con un volumen de negocio o complejidad elevados, son auditadas por empresas privadas.
Por todo ello, Gestha confía en que esta semana salga adelante en el Senado una enmienda a los Presupuestos del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC, EUiA e ICV), por la cual se derogaría la autorización legal que la Intervención General tiene actualmente para subcontratar estas auditorías públicas a empresas privadas.
