Reducirá cargas administrativas, simplificará trámites y mejorará la protección de los consumidores
MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros remitirá hoy a a información pública el borrador del anteproyecto de Ley que transpone en España la directiva de servicios en el mercado interior y que entró en vigor el pasado 28 de diciembre de 2006. Los estados miembros disponen de un plazo de transposición de tres años, que finaliza el 28 de diciembre de 2009, informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
El objetivo de la directiva es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.
Antes de su aprobación definitiva y de su remisión al Congreso, el Gobierno remitirá el borrador al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social y a diversas asociaciones de consumidores para contar con las aportaciones que puedan hacer estos organismos.
El Ejecutivo pretende con esta transposición eliminar las barreras que restringen "injustificadamente" la puesta en marcha de actividades de servicios e impiden o retrasan nuevos proyectos emprendedores y, para ello, se eliminarán aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general, o sean innecesarias para atender esos fines.
Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa (que suponen dilaciones temporales) por declaraciones o notificaciones que, posteriormente, podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen.
REDUCIR CARGAS ADMINISTRATIVAS.
Con el mismo fin, se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones o duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos, al tiempo que se dará un gran impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información.
A través de la Ventanilla Única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España, como en cualquier país de la UE.
Igualmente, se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas (estatal, autonómico y local), que deberán coordinarse entre sí (y con las administraciones de otros estados), para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Sólo se excluyen aquellos trámites que, por su naturaleza, requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local, cuando es necesario.
La directiva de servicios en España contemplará también el refuerzo de los derechos y la protección de los usuarios de los servicios, dado que garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la UE, en condiciones no discriminatorias.
Además, obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo (nombre, forma jurídica, dirección, en su caso, autorización) y sobre las condiciones de la prestación (características del servicio ofrecido, precio, garantías).
ASISTENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS CONSUMIDORES.
Por su parte, las administraciones deberán informar y asistir a los usuarios de servicios para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con los prestadores de servicios, independientemente del país en que se ubiquen.
Según el departamento de Pedro Solbes, el proceso de transposición de la directiva de servicios se presenta para España como una oportunidad para reducir trabas "injustificadas o desproporcionadas" al acceso y ejercicio de la actividad en determinados sectores, contribuyendo así a un ambicioso programa de simplificación administrativa y de incremento de la transparencia.
Por tanto, según el Gobierno, se producirá una mejora del marco regulatorio de la que se derivarán ganancias de "eficiencia, productividad y empleo" en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para las empresas y ciudadanos.
El Ejecutivo considera que, a pesar de que el sector servicios ha experimentado en la UE un importante desarrollo en los últimos años, aún existe una gran fragmentación en el mercado interior europeo, que repercute de forma negativa en el crecimiento de la economía europea y, particularmente, en la creación de empleo y en la competitividad de las pymes, al tiempo que impide que los consumidores accedan a una mayor variedad de servicios a menores precios.
