MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que el anteproyecto de ley de reforma de los organismos supervisores que pretende aunar los reguladores mediante la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no implica "merma" de derechos.
Ante una interpelación presentada por el senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, José Montilla, De Guindos ha insistido en que el Gobierno ha respetado la autonomía de los supervisores financieros como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la vez que ha insistido en que se cumplirán los mandatos de sus presidentes.
Por su parte, Montilla ha culpado al Ejecutivo de cambiar "las reglas del juego", al destacar que el Ejecutivo quiere cambiar la elección de los consejeros de los organismos reguladores.
Sin embargo, para el responsable de Economía el mantenimiento de los supervisores financieros representa presisamente la voluntad de "independencia" que el Ejecutivo otorga a estos organismos.
Asimismo, De Guindos ha matizado que uno de los objetivos fundamentales del anteproyecto de ley es el ahorro de costes y la búsqueda de la eficiencia, y ha puntualizado que al igual que la Comisión Nacional de la Competencia gracias a su labor "impecable" contra las conductas prohibidas a logrado cierto prestigio, no ha ocurrido lo mismo en otras comisiones en las que los nombramientos eran "más políticos".
Por su parte, Montilla ha subrayado que con esta medida el Gobierno "liquidará" la experiencia de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el único regulador con capital en Barcelona , en su "obsesión" por recentralizar.
Respecto a este tema, el ministro ha reconocido que la sede central del organismo multisectorial estaría en Madrid, pero ha reiterado que la sede de CMT en Barcelona se mantendrá como "subsede" de la CNMC.
Por todo ello, ha pedido a Montilla que "reconsidere" su posición y "analice" el proyecto, al destacar que implicaciones de esta unificación como la eliminación de barreras de entrada favorecería a los consumidores y a la productividad.
No obstante, el senador de la Entesa Catalana de Progrés ha confiado en que durante su tramitación el anteproyecto se estudie pensando en los intereses de España y en los de la competencia y los consumidores, al considerar que éstos últimos serán los "máximos perdedores" de esta decisión.
