Recuerda que el tope fijado por la UE es del 60%, con lo que España tendría un margen de 24 puntos porcentuales, unos 260.000 millones
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró hoy que la actual deuda pública, del 36% del PIB, deja un amplio margen de maniobra que el Gobierno debería aprovechar como "instrumento anticrisis" para reactivar la economía.
Según dijo durante su intervención en el 'Foro de Nueva Economía', la deuda pública, que se ha reducido desde el 64% al 36% en los últimos diez años, aún está muy por debajo del límite del 60% que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, con lo que aún habría un margen de 24 puntos porcentuales que deberían destinarse a mantener el gasto social y las inversiones públicas.
Según el cálculo efectuado por Méndez, cada uno de esos puntos supondría 10.000 millones de euros, con lo que, la deuda que podría asumir el Estado alcanzaría los 260.000 millones de euros.
"Se hace mucho énfasis en el déficit público, pero tan importante o más es la deuda pública. Tenemos un margen muy importante y ese colchón habría que aprovecharlo por parte del Gobierno", apostilló.
EN CONTRA DEL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO.
En materia de despidos y salarios, Méndez cargó contra todas las voces que defienden el abaratamiento de los despidos o la extinción de las cláusulas de revisión salarial.
En primer lugar, se dirigió al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, y, en respuesta a la posibilidad de estudiar un nuevo contrato con diferentes fórmulas de despido, apuntó que UGT "no va a aceptar ningún cambio para empeorar los derechos de los trabajadores".
"El problema que existe es de liquidez, no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores", por lo que "cualquier planteamiento de recorte de derechos de los trabajadores sería una injusticia y un error".
A continuación, expresó su "disconformidad" con las "reiteradas" manifestaciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en contra de las cláusulas de revisión salarial y "reclamando permanentemente moderación salarial y abaratamiento del despido, cuando nunca cuestionó retribuciones excesivas en otros ámbitos ni los contratos blindados tan frecuentes entre las empresas".
Finalmente, se refirió a la petición desde la CEOE del abaratamiento de los despidos: "Aquéllos representantes de las empresas que hablan de abaratamiento hacen un flaco favor a la superación de la crisis", ya que, argumentó, mandan un mensaje de "rigidez" del mercado laboral al ámbito internacional que no se corresponde con la realidad.
Por otro lado, defendió la importancia del diálogo social en el actual momento de crisis, y, en este marco, aseguró que "es necesario seguir en una política de mejora de salarios y de generación de empleo, además de exigir que mejoren las pensiones mínimas". "La situación económica lo permite y la situación social lo exige", apostilló.
En este punto, precisó que el conflicto interno que vive la patronal "no ha producido hasta la fecha ninguna distorsión en el proceso de diálogo social".
NO HACEN FALTA NUEVOS PACTOS DE LA MONCLOA.
Sin embargo, desechó la posibilidad de repetir un proceso similar a los Pactos de la Moncloa, ya que, según dijo, la situación política es "no es equiparable", dado que España no está inmersa en ningún proceso de transición política.
En cualquier caso, consideró "deseable" que exista el máximo nivel de acuerdo en materia económica, por lo que dijo, en un guiño al PP y su postura sobre los Presupuestos para 2009, que "no es incompatible el ejercicio de la oposición política y abrir escenarios de diálogo para que todos arrimemos el hombro".
DISCREPANCIAS CON LOS PGE.
Por otro lado, en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009, que mañana se presentarán en el Congreso de los Diputados, el secretario general de UGT dijo que mantiene "varias discrepancias", pese a que la orientación general "es adecuada".
En primer lugar, apuntó que "es urgente que los PGE prevean actuaciones a corto plazo para reorientar la actividad", como mayor inversión en equipamientos públicos, en obra civil, vivienda protegida y rehabilitación o equipamientos turísticos.
Por otro lado, reiteró su oposición al recorte de la oferta pública de empleo o la revisión del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
Así, señaló que la necesidad de revalorización del IPREM, al igual que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 800 euros durante la legislatura, "no comporta ninguna contradicción" con la actual situación económica. "Todo lo contrario", ya que, en su opinión, ambos incrementos tendrán "efectos beneficiosos para el consumo".
CONSTRUCCIÓN E INMIGRACIÓN.
Por otro lado, Méndez reiteró que la "alternativa" al problema del sector de la construcción debe estar dentro del propio sector, ya que, según dijo, hay demanda de viviendas de protección oficial, a la que se suman los necesarios trabajos de rehabilitación, de instalaciones relacionadas con la educación infantil y el desarrollo de la Ley de Dependencia.
En el capítulo de la inmigración, Méndez aseguró que la economía necesitará la mano de obra de inmigrantes hasta 2030, una vez se supere la crisis. Por ello, pidió que se defina una política migratoria con "perspectivas amplias" y "sin bandazos".
PLAN DE EE.UU., SOCIALISMO PARA RICOS.
En cuanto a la situación económica internacional y el plan de rescate financiero que se debate en EE.UU., Méndez aseguró que se trata de una medida propia de un "socialismo para ricos", de hecho, aseguró que "ya todo el mundo es socialista".
Sin embargo, advirtió de que EE.UU. "intentará redistribuir el impacto de la crisis en el resto de los países a través de la potencia del dólar".
