12 de diciembre de 2019
20 de diciembre de 2010

Economía/Macro.- La OCDE considera que el reajuste de la economía española exige profundizar en las reformas

Apoya retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años

PARÍS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reajuste de la economía española tras una década de rápido crecimiento exige ampliar y profundizar las reformas estructurales, entre las que destaca la necesidad de reformar el mercado laboral, así como las pensiones y los impuestos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En este sentido, la institución con sede en París destaca el "ambicioso" plan de consolidación fiscal adoptado por las autoridades españolas, aunque subraya que el Gobierno debe estar preparado para adoptar medidas adicionales si los resultados no alcanzan los objetivos previstos.

"Una vez que se haya alcanzado una suficiente consolidación fiscal, se podría reformar el sistema impositivo de manera que pueda estimular el crecimiento mediante el cambio de la carga fiscal desde el trabajo al consumo y la propiedad", recomienda la institución en su última encuesta económica sobre España.

En caso de que sean necesarias más medidas para cumplir los objetivos fiscales, la OCDE cree que unas subidas de impuestos "bien seleccionadas" podrían tener un impacto "relativamente más benigno" en la actividad que algunos recortes del gasto. Además, recuerda que la presión fiscal en España sigue siendo "relativamente baja" en comparación con la de otras economías europeas de altos ingresos.

En concreto, sugiere aplicar el tipo máximo del IVA a más bienes y servicios, ya que los impuestos indirectos tienen un menor impacto adverso en la actividad económica que muchos otros. También el uso de impuestos medioambientales, en vez de subvenciones para fomentar un comportamiento respetuoso con el medioambiente, lograría la misma internalización de los costes sociales, pero con mucho menos coste presupuestario.

Asimismo, defiende que incrementos selectivos de estos impuestos podría ayudar a financiar la reducción de algunas de las contribuciones de las empresas a la Seguridad Social, lo que a su vez permitiría recortar los costes laborales y mejorar la competitividad. También una reducción de los impuestos a las transacciones inmobiliarias eliminaría las barreras a la movilidad de los trabajadores y daría más margen a recaudar más con impuestos a la propiedad inmobiliaria.

REFORMA DE LAS PENSIONES.

Respecto a la reforma del sistema de pensiones, uno de los más generosos de la OCDE, la institución considera que la propuesta de incrementar de forma gradual la edad de jubilación de los 65 a los 67 años generará un "significativo descenso" en el gasto futuro en pensiones, que, en caso contrario, podría registrar un "drástico incremento" entre 2030 y 2060.

Por este motivo, cree que esta reforma debería ser "una prioridad máxima" y combinarse con otras medidas para contener el gasto. A más largo plazo, considera que los requisitos para acceder a una pensión, como por ejemplo la edad de jubilación o las prestaciones, deberían estar ligadas a la esperanza de vida.

En su opinión, el Gobierno debería introducir también de forma progresiva una formula de cálculo de la pensión que refleje la vida laboral completa de los participantes. "Lo último sería incrementar la relación entre las contribuciones y las pensiones", agrega.

Por otro lado, también defiende que, en la medida en que las mujeres jóvenes y de media edad se incorporan al mercado laboral, los requisitos para combinar las pensiones de superviviencia, que suponen una parte sustancial de gasto en pensiones, con otras prestaciones deberían limitarse, algo que ya prevé la reforma del gobierno español.

Asimismo, estima que el pago ampliado de los subsidios de desempleo para los trabajadores de mayor edad deben ser "gradualmente recortados y finalmente eliminados", al igual que las subvenciones para los planes de jubilación parcial. También cree que un incremento en el periodo mínimo de cotización para lograr la pensión completa, actualmente en los 35 años, mejoraría los incentivos al trabajo, especialmente si se alarga el periodo para el cálculo de la prestación.