No acepta enmiendas de PSOE, PNV y UPN para reconocer en la norma especificidad de los regímenes forales
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP ha aprobado este lunes su texto de Ley de Estabilidad Presupuestaria en la Comisión de Hacienda del Congreso con el único apoyo de UPyD y sin introducir ningún cambio sustancial al mismo, ni siquiera las enmiendas presentadas por PSOE, PNV y UPN pidiendo reconocer en la norma la especificidad de los regímenes forales mediante la redacción existente en la normativa de 2004.
Tras aprobar la semana pasada la ponencia de la ley con los cambios propuestos por los 'populares', la Comisión de Hacienda ha debatido este lunes el resto de enmiendas al articulado. Así, la mayoría absoluta del PP ha impuesto el rechazo a todas las propuestas excepto a tres de UPN y una de UPyD, todas ellas de carácter técnico.
Además, ha mostrado su disposición a seguir negociando otras siete enmiendas (presentadas por Compromís, UPN, UPyD y CiU) que introducen cambios menores, para aprobarlas en el Pleno del jueves en la Cámara baja, donde se debatirá por última vez el texto antes de enviarlo al Senado. Como el PP necesitaría unanimidad para introducir este debate en el orden del día de esta semana, ha optado por pedir una sesión extraordinaria al término del pleno ordinario para garantizarse que la norma se aprobará este jueves en el Congreso.
SIN EL APOYO DEL PSOE
Los 'populares' podrían terminar aprobando la ley sin el apoyo del PSOE, con quienes el pasado verano pactaron la reforma acelerada de la Constitución de 1978 que ha dado lugar a este texto normativo.
La principal queja de los socialistas, según ha señalado su portavoz en la materia, Pedro Saura, es que la ley "no ayuda a la confianza porque retrasa la recuperación de la economía al anteponer el déficit cero a la recuperación". "Es una ley para quedar bien ante la galería, porque se plantean unos objetivos muy duros que se amontonan unos detrás de otros, que son contradictorios unos con otros. Al final si se cumple la norma malo, y si no se cumple, también malo", ha añadido.
A renglón seguido, ha criticado las "prisas" del Gobierno por aprobar esta ley para solventar su "problema claro de credibilidad" causado por la "política errática del Gobierno", que se ha puesto de manifiesto en "el retraso de los presupuestos, el baile de cifras ante la CE o la amnistía fiscal".
"Para recuperar la confianza hay que acordar la ley, tener una senda de consolidación fiscal seria, creíble, ordenada, sistemática y acompasada con el crecimiento económica, pausada en el tiempo. Esta ley es más restrictiva que el Pacto Fiscal y tiene un componente ideológico muy serio: no busca reducir el déficit público, sino reducir los servicios públicos", ha añadido.
Así, ha vuelto a pedir al PP que trabaje para "buscar el acuerdo y consensuar la ley", lo que para los socialistas pasa por volver al acuerdo del verano, permitiendo un déficit estructural del 0,4 por ciento y fijando el cálculo del equilibrio o superávit en el ciclo económico, entre otras de las propuestas incluidas en sus enmiendas.
SE CUMPLE CON TODOS LOS COMPROMISOS
Frente a estos argumentos, la portavoz del PP en la Comisión, Ana Madrazo, ha defendido que el proyecto de ley cumple con todos los compromisos adquiridos por su partido: tanto el Pacto Fiscal de la UE como el acuerdo político PSOE-PP y el cambio constitucional al que dio lugar.
"El acuerdo político decía que la ley fijaría en el 0,4 por ciento el déficit máximo para las administraciones públicas a partir de 2020. Malamente podremos garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales si no somos capaces de mantener en orden nuestras cuentas públicas", ha añadido.
Además, ha recordado que la estabilidad presupuestaria y financiera es un requisito "necesario aunque no único" para recuperar la senda del crecimiento económica y ha replicado a Saura que "no es que el PP tenga prisa (en aprobar la ley), sino que es España la que tiene prisa para generar credibilidad". "Ayuden a conseguir esa confianza por el bien del país", le ha exhortado.
ENFADO DEL PNV
El portavoz de Hacienda del PNV, Pedro Azpiazu, ha aprovechado el debate para expresar su enfado ante la manera de tramitar la ley. "Otorgamos un voto de confianza al Gobierno al no presentar enmienda a la totalidad para poder negociar nuestras enmiendas, pero ni el Gobierno ni el Grupo Popular han dado muestra de esa voluntad negociadora. No sé si es por el estrés de la situación económica o por el fanatismo reformista, pero hay que pararse y reflexionar, porque esta mayoría absoluta no debería ser suficiente", ha dicho.
Además, ha reprochado a los 'populares' que hayan incumplido el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el debate de totalidad a la ley celebrado el pasado día 29 sobre la aceptación de una enmienda de los nacionalistas vascos para reconocer en la norma la especificidad de los regímenes forales mediante la vuelta a la redacción normativa de 2004.
"El PP no sabe qué hacer (con esta enmienda). Si no es aceptada ni hoy ni el jueves el comportamiento de este portavoz y de este grupo va a estar muy condicionado por eso. Esto parece una tomadura de pelo", ha reprochado.
CONTRA LA AUTONOMÍA
Por su parte, su homólogo de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha defendido las enmiendas de su grupo con los mismos argumentos que ya utilizó para justificar su enmienda a la totalidad. Así, ha dicho que pese a estar "totalmente a favor del rigor presupuestario y a actuar con la máxima firmeza y contundencia contra el endeudamiento y el déficit excesivos de las administraciones públicas" la ley plantea "objetivos incumplibles".
Así, ha pedido que el Estado aplique a las comunidades autónomas con endeudamientos "excesivos" la misma flexibilidad que la UE ha garantizado a sus estados miembro, y que retire las medidas coercitivas, que "van contra el corazón de la autonomía" de las regiones.
"En materia de sanciones parece que queremos ser más papistas que el Papa, porque si la UE plantea un 0,1 por ciento del PIB aquí aplicamos el 0,2 por ciento", ha añadido, afirmando a renglón seguido que "no tiene sentido que todo el superávit tenga que ir a amortizar deuda porque eso imposibilitará a las administraciones que gestionen bien plantear mejoras e inversiones", todas éstas cuestiones incluidas en sus enmiendas.
Por parte de UPyD, Álvaro Anchuelo ha reclamado más controles a priori para evitar los desfases en las cuentas autonómicas, así como suelos de gasto en los servicios fundamentales y mayores garantías de que no se negociarán los techos de gasto con criterios políticos.
EL RESTO TAMBIÉN LO RECHAZA
El resto de grupos parlamentarios también han rechazado la normativa con su redacción actual. Así, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha aprovechado la comisión para justificar su enmienda a la totalidad, cosa que no pudo hacer al debatirse el día de la huelga general, que los diputados de su grupo secundaron.
Así, ha reconocido no compartir la filosofía de la una ley que tendrá el "efecto perverso" de "deteriorar los recursos públicos" con "ajustes tras ajustes" sin conseguir con ello "dar confianza" a unos mercados que ha calificado de "insaciables". "Esta ley hará que vayamos más rápido al mismo destino: destruir poco a poco el Estado de Bienestar", ha pronosticado.
Además, ha coincido con otros grupos en que España está promoviendo "leyes mucho más duras" de lo que obligan los compromisos internacionales y ha alertado de que el verdadero problema reside en el endeudamiento privado, que en esta norma "no se toca".
Teresa Jordà, de ERC, ha reprochado por último al Gobierno que haga "de juez prevaricador" y "policía malo" a la vez al "imponer condenas injustas a todas las comunidades por igual sin aplicárselas a sí mismo".
