MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que pretende instar al Gobierno a modificar la norma que regula el nuevo Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local con el objetivo de que los ayuntamientos puedan dedicar 3.000 millones de euros, un 60% de los 5.000 con los que está dotado, al pago de facturas que tengan pendientes con proveedores, autónomos y pequeñas o medianas empresas.
El texto de la proposición no de ley, firmado por la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, recalca que la medida ha sido reclamada por consistorios de distintos signo político y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sáenz de Santamaría justifica la presentación de esta propuesta por los efectos "especialmente devastadores" que la morosidad de las administraciones públicas está teniendo en las pymes y autónomos, ante la que plantea corregir el decreto ley aprobado por el Congreso el pasado 19 de diciembre --con la abstención del PP-- para adoptar "medidas extraordinarias".
El PP enmarca esta iniciativa dentro del paquete de medidas que ha planteado para luchar contra la morosidad, en el que propone incluir un nuevo punto en el artículo 5 del citado decreto que permita a los entes locales obtener recursos hasta un montante equivalente al 60% del Fondo Local para poder hacer frente al pago de las deudas que mantienen con proveedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas.
INFORME DEL ESTADO DE DEUDAS.
Los ayuntamientos que quieran acogerse a esta cláusula tendrán que presentar un informe sobre las deudas que tengan contraídas con terceros, en el que se incluirá el objeto e importe de la deuda por proveedor, así como la antigüedad, salvo que excepcionalmente las autoridades locales, por razón del importe de la deuda o por otras circunstancias debidamente motivadas, justifiquen el pago de una deuda posterior.
En todo caso, el PP pide que se obligue a los entes locales a elaborar un plan de austeridad de gasto corriente para los próximos cinco años que sea compatible con los objetivos de estabilidad presupuestaria y con los planes económico-financieros de seguimiento que se hayan aprobado hasta la fecha.
