MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró hoy convencida de que el Ejecutivo logrará los apoyos necesarios para aprobar en el Parlamento los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011.
"Claro que se aprobarán, nosotros vamos a trabajar como hemos hecho siempre, haciendo un esfuerzo de pacto. Tenemos esa voluntad de diálogo y de consenso", destacó la vicepresidenta en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.
De la Vega afirmó que las cuentas estatales de 2011, además de ser las que necesita el país, seguirán el principio de austeridad que ha guiado los últimos Presupuestos.
Al mismo tiempo, precisó, los PGE del próximo año impulsarán medidas para que la economía empiece a crecer y lo haga sin inversión en gasto público.
JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS.
Preguntada por la reforma de las pensiones, De la Vega recordó que el Gobierno "ha hecho una apuesta de responsabilidad" y ha propuesto al Pacto de Toledo elevar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años.
"Nuestro sistema de pensiones está saneado. Hoy por hoy las cuentas de la Seguridad Social tienen superávit, pero para garantizar las pensiones a las futuras generaciones hay que poner en marcha esta reforma, que viene determinada por razones demográficas", explicó.
La vicepresidenta subrayó que, si no se hace nada, dentro de 30 años, de cada cinco personas cuatro serán pensionistas. "Para garantizar la sostenibilidad del sistema y seguir subiendo las pensiones mínimas hay que hacer esta reforma", insistió.
Para De la Vega, situar la edad legal de jubilación en los 67 años sería suficiente y no haría falta llegar a los 70 años, como se ha sugerido desde Bruselas. Asimismo, indicó que subir la jubilación a los 67, lo que hará será elevar dos años la edad ordinaria de jubilación, actualmente situada en 63 años.
"Todos tendremos que trabajar más tiempo para garantizar el futuro. Lo ha dicho también la Comisión Europea", afirmó De la Vega, que añadió que el Gobierno quiere conseguir en esta reforma el "máximo consenso" entre las fuerzas políticas y sociales.
