23 de marzo de 2019
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  • 8 de julio de 2014

    La Ley de Entidades de Capital Riesgo permitirá ahorrar 22.000 euros al año

    La Ley de Entidades de Capital Riesgo permitirá ahorrar 22.000 euros al año
    CNMV

    MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

       La nueva Ley de Entidades de Capital Riesgo permitirá a las empresas del sector unos ahorros aproximados de 22.000 euros al año, al reducir sus exigencias administrativas, y además fomentará la competencia y el uso de nuevas fuentes de financiación, particularmente para las pequeñas y medianas empresas españolas.

       Así lo señala el Gobierno en la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley por el que se regulan las entidades de capital riesgo (ECR), otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).

        El documento, que ya ha sido remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press, descarta ningún tipo de impacto presupuestario ni para las arcas públicas ni para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que no se modifica el régimen tributario de las ECR ni de las IIC o sus sociedades gestoras, ni tampoco se cambia la base de las tasas que cobra el regulador, que seguirá siendo la inscripción de las entidades.

    NOTIFICACIONES EN LUGAR DE AUTORIZACIONES.

       Sin embargo, la sustitución de controles ex ante basados en autorizaciones por obligaciones de información a posteriori, usando "técnicas similares a los instrumentos de declaración responsable y comunicación previa", sí permitirá terminar con cargas administrativas que "lastraban la competitividad del capital riesgo".

       En concreto, se suprimirán las autorizaciones para operaciones como la transformación, fusión o escisión de las sociedades de capital riesgo, y se eximirá también de determinadas obligaciones a aquellas Sociedades Gestoras de entidades de Inversión de Tipo Cerrado (SGEIC) que gestionen entidades de capital riesgo o entidades de inversión colectiva de tipo cerrado "cuyos activos sean inferiores a determinados umbrales".

       Entre otras obligaciones que se anulan se cuentan las obligaciones de información periódica a la CNMV sobre cada entidad de inversión, de adquisiciones de participaciones significativas y de control de sociedades. Sí se mantiene el régimen de autorización para las sociedades gestoras de las entidades.

       Estos cambios, según datos de la CNMV del año 2013, supondrán una reducción de las cargas a las ERC de unos 19.000 euros anuales, de los que habría que descontar unos 1.220 euros de incremento de cargas por las comunicaciones e inscripciones en el registro de la CNMV de valores de ERC.

       Por otra parte, la reducción de las cargas relativas a la comercialización a profesionales en España de IIC alternativas de otros estados miembros de la UE --que ya no deberán ser registradas, sino que bastará una notificación acompañada de una serie de documentos-- supondrá pasar de un coste unitario de 50 euros a uno de 2 euros, lo que conllevaría un ahorro anual para este tipo de entidades de unos 4.300 euros, ya que el año pasado la CNMV tramitó 90 expedientes de este tipo.

       En total, unos 22.000 euros al año que las sociedades del sector se ahorrarán por estas cargas administrativas, cuya cancelación se suplirá con "nuevas obligaciones de información, comunicación y transparencia en relación con la CNMV, con la finalidad de aumentar la confianza de los inversores y dotar a las autoridades de más información sobre el sector".

       Las nuevas competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberán llevarse a cabo, afirma el Ejecutivo, con los medios personales de los que actualmente dispone, "sin incremento de dotaciones, retribuciones u otros costes de personal".

    IMPACTO ECONÓMICO.

       Finalmente, el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó la pasada semana y que se tramitará por la vía urgente en el Congreso, permitirá "ganancias en eficiencia y calidad" que tendrán por tanto un impacto positivo en la economía del país, al "estimular un sector que, a su vez, tiene sustanciales externalidades positivas", tales como la aportación a una base común de conocimiento, la especialización de recursos humanos en nuevas áreas, el desarrollo de nuevas tecnologías o la diversificación del tejido industrial español y "mayor robustez" ante la crisis.

       Junto al aumento de la competencia en el sector, también se conseguirá "fomentar la financiación no bancaria", particularmente entre las pymes, que es el que más sufre la contracción del crédito procedente de las entidades financieras tradicionales.

       Esto permitirá superar un contexto de recuperación del flujo bancario tradicional "muy negativo" y que "no se prevé que se recupere a corto plazo", según reconoce el Gobierno, que recuerda además que el Plan de Estímulo Económico y Apoyo al Emprendedor incluye como uno de sus objetivos principales el "impulso a la desintermediación bancaria y al capital riesgo".

       Por último, la memoria recuerda que en el proyecto de ley se incluye un cuadro de infracciones y sanciones en el que se "diferencia entre las sanciones que se pueden imponer a las entidades supervisadas con carácter general y las que se pueden imponer además a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección de una gestora, sean responsables de la infracción".