MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, cree que la publicidad institucional está "siempre en el límite de lo que puede entenderse claramente como propaganda" y que, cuando además se dedica a "defender lo que ha realizado una determinada autoridad pública" no es "conveniente" ni debe "defenderse en ningún caso".
Así lo ha señalado este martes, a título personal, durante la presentación a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del 'Informe de fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por departamentos ministeriales y organismos del área de la Administración económica del Estado' de los ejercicios 2010 a 2012.
Tras declinar valorar si unos gobiernos gestionan este asunto mejor que otros o no, el presidente ha señalado que el Tribunal es "crítico" respecto de la publicidad institucional y, a renglón seguido, ha aportado su "opinión personal" de que "la publicidad institucional siempre está en la raya, en el límite, de lo que puede entenderse claramente como propaganda".
"La publicidad institucional planteada, no como información a los ciudadanos sobre servicios o acciones públicas que necesitan conocer para resolver problemas concretos de su vida diaria, sino como la defensa de lo que ha realizado una determinada autoridad pública, entiendo que no es un concepto conveniente ni que deba defenderse en ningún caso", ha alegado.
SE VULNERAN LOS PRINCIPIOS RECTORES.
A renglón seguido, Álvarez de Miranda ha abundado en que cuando las campañas de publicidad institucional se dedican a "defender la gestión que realiza" un departamento público, como es habitual, se "vulneran los principios que deberían regular" esta actividad.
Por eso, a su entender es necesario aprobar una "legislación homogénea en todo el país" para la publicidad institucional, que permita que ésta tenga "de manera global y en todos los lugares el mismo significado".
En este sentido, ha puesto en valor la aprobación de un pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación centralizada de espacios en medios de comunicación, que "puede revertir posiblemente en una mejor gestión" de ese tipo de contratos.
MENOS CAMPAÑAS.
Con respecto al informe presentado, el Tribunal constata un "significativo descenso" en el coste y el número de campañas entre el primer y el último año analizado, ya que se pasó de 86 campañas por 80,8 millones a 45 campañas por 19,8 millones.
Asimismo, se señala que, con carácter general, todas las campañas analizadas cumplieron la normativa, tanto por tener unos contenidos coherentes con la Administración contratante como por respetar la prohibición de su no ejecución en periodos electorales.
Sin embargo, el organismo fiscalizador apunta que no existen mecanismos para la cuantificación y valoración cualitativa del cumplimiento de los objetivos pretendidos con las campañas. "El contenido de los informes anuales no permite alcanzar plenamente el objetivo de evaluar las campañas para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos", ha dicho Álvarez de Miranda.
"No hemos podido realizar un análisis de eficacia y eficiencia (de las campañas de publicidad institucional) porque no hay mecanismos de cuantificación y valoración del cumplimiento de los objetivos de las campañas, así que sólo se han analizado desde el punto de vista de la regularidad y de su aplicación efectiva en la contratación", ha insistido en el turno de réplica.
Asimismo, ha detectado algunas excepciones de contratos que no se atenían perfectamente a la legislación, como recursos no justificados a la vía de urgencia, adjudicaciones de contratos por precios genéricos para varias campañas, inserción de anuncios antes de la entrada en vigor del contrato, falta de aprobación expresa de actividades complementarias facturadas o subcontratación de otros organismos públicos mediante encomiendas de gestión que encarecen precios y dificultan el control, entre otros.
